El brecibe hoy la propuesta de recorte de los mandatos congresales y ejecutivos. Si existe voluntad política, los plazos no serán un obstáculo insuperable.

El día de hoy el Congreso debe recibir la versión oficial y escrita de lo que hasta ahora es solo un anuncio hecho por el presidente de la República: un proyecto de reforma constitucional que permita que los actuales mandatos sean recortados para tener elecciones generales anticipadas el próximo año. Tanto el presidente del Congreso Pedro Olaechea como algunos líderes de la oposición han reservado su opinión hasta conocer el detalle de lo que el gobierno proponga y leer su sustento técnico. Algunos han adelantado desde ya su oposición, multiplicando las interpretaciones, todas maliciosas, que habrían llevado al presidente Vizcarra a adoptar su decisión. La reacción del Congreso tomará cierto tiempo, porque deberá proceder antes que nada a recomponer las comisiones, habida cuenta del inicio de una legislatura y la aparición de nuevas bancadas. No sabemos quién presidirá ni quiénes conformarán la comisión de Constitución, llamada a jugar un papel determinante. De ella dependerá en primera instancia si se practica una forma de guerrilla procedimental o si existe una voluntad política que permita que la estrechez de los plazos no impida el adelanto de las elecciones. Tampoco sabemos si se podrán aplicar las reformas que ya han sido aprobadas a finales de la legislatura pasada, pero cuyos autógrafas aún no han sido recibidas por el Ejecutivo. ¿La ley de paridad y alternancia, por ejemplo, se aplicaría en eventuales elecciones del 2020? Lo peor que podría sucedernos es que la propuesta presidencial sirva para profundizar el enconamiento entre dos campos, que además se hallan expuestos a la evolución de procesos judiciales que conciernen a dirigentes de casi todas las corrientes de nuestro espectro político. Entre las novedades de las últimas horas, destaca el comunicado de la Asociación de Municipalidades, que se ha pronunciado a favor de la propuesta presidencial.

Mientras tanto la cruda realidad no cesa de cuestionar la lentitud y la inoperancia de nuestras instituciones públicas: el clima, la violencia contra la mujer, los disfuncionamientos judiciales, los remanentes del terrorismo. El SENAHMI ha reiterado, en efecto, su alerta sobre temperaturas de hasta -20 que padecerán nuestros compatriotas de las zonas altas del Sur. Los programas de construcciones térmicas llegan demasiado tarde, lo que cuesta vidas humanas y destrucción del patrimonio agrícola y ganadero. No hay mejor manera de conmemorar nuestro bicentenario que garantizando los beneficios de nuestra República a nuestras poblaciones originarias, que sufren la perturbación de sus condiciones ancestrales de vida por el cambio climático.

El ministerio del Interior anuncia una recompensa de 30,000 soles a quien colabore con la ubicación de Adriano Pozo, condenado a once años de cárcel por tentativa de feminicidio contra Arlette Contreras. La sede policial de Lima Norte no recibió a tiempo la notificación judicial de la detención, porque la recepción solo funciona con horario de oficina, hasta las 5 de la tarde. Es inevitable preguntarse si alguien está protegiendo a un agresor descarado cuya cobardía fue grabada por una cámara del hotel en el que arrastró a su víctima por la cabellera. Su nombre forma parte de una larga lista de prófugos de la justicia, en la que figura también el ex general Edwin Donayre y el ex gobernador del Callao Félix Moreno.

La policía ha dado cuenta de la captura de un presunto terrorista en la ciudad ayacuchana de Huanta. Se trata de Serapio Cárdenas que tenía una orden de captura, ¡desde hace 16 años! Se le atribuye el asesinato de dos efectivos policiales, un efectivo del Ejército y el alcalde de Huanta, cometidos en 1987. El nuevo ministro de Defensa ha prometido eficacia para culminar con la pacificación del VRAEM. Todavía estamos en espera de un plan con presupuesto y calendario.

Las cosas como son