El presidente Martín Vizcarra concluyó su tradicional discurso a la Nación con una propuesta de reforma constitucional destinada a superar la crisis institucional en la que vivimos entrampados: el adelanto de las elecciones generales que implique el recorte a la vez del mandato de los congresistas y del propio mandato presidencial. Su objetivo declarado es darle al Perú “un nuevo comienzo” a partir del 28 de julio del próximo año. De inmediato miembros de las bancadas de Fuerza Popular y sus aliados multiplicaron los argumentos en contra: que viola nuestro ordenamiento legal, que es populismo puro, que va a causar mayor estancamiento económico, que no es viable en términos de calendario e incluso que se habría violado la exigencia constitucional de aprobar el discurso en el Consejo de Ministros. De hecho algunos congresistas suspicaces habrían solicitado el acta correspondiente, pero el ministro Vicente Zeballos confirmó que el discurso fue aprobado por el gabinete en su conjunto.
Respecto del argumento constitucional, sorprende que algunos de los que más lo invocan promovieron y participaron el año 2000 en la aplicación de la misma solución que ahora repudian, para salir de la crisis que causaron las revelaciones sobre la corrupción de Fujimori y Montesinos. La iniciativa surgió en la Mesa de Diálogo organizada por la OEA y fue aprobada en el Congreso exactamente para lo que se propone ahora: recortar el mandato de los congresistas y el del presidente.
Algunos dirigentes de la oposición sostienen que Vizcarra está agotado, que es un incapaz, un politiquero que prepara un golpe de Estado, un dictador, que ahora reniega del juramento que prestó para presidir el país hasta el 2021. Y le proponen que renuncie y que se promueva también la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Aráoz. En ese caso, tal como prevé el artículo 115 de nuestra Constitución, la presidencia de la República sería asumida por Pedro Olaechea quien estaría obligado a “convocar de inmediato a elecciones”. Sin embargo, ese artículo no habla de elecciones generales, es decir que podríamos tener a un presidente elegido por cinco años que durante su primer año trabajaría con el mismo Congreso que tenemos hoy.
¿Cómo llegó Vizcarra a su propuesta? Durante una hora y media cumplió con informar sobre lo actuado el año pasado y fijar objetivos de gestión y desarrollo para el año que comienza. La idea conductora que articuló todo su discurso es la del vínculo intrínseco entre reactivación económica y reformas institucionales. Para Vizcarra la principal causa de la desaceleración y de la mala gestión es la corrupción que no ha podido ser combatida con eficacia a causa de la resistencia al cambio y la persistencia de la impunidad. “¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción?... la confianza solicitada… ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos”, sentenció. Es a partir de esa constatación que Vizcarra concluyó: “He decidido como consecuencia poner nuevamente por encima de todo los intereses del Perú… propongo a este parlamento quizás su mayor reto en todo el período congresal y les exhorto a hacernos cargo de esta realidad, teniendo un acto de dignidad y de reivindicación por el país”.
No hay ni podrá haber unanimidad entre los constitucionalistas, como evidencian las tomas de posición favorables de Oscar Urviola, Samuel Abad y Luciano López. Cada ciudadano estará solo ante su conciencia para decidir si la propuesta de desprendimiento que plantea Vizcarra corresponde o no a lo que nuestro país merece. Desde ya, lo seguro es que no merecemos los insultos proferidos en el Hemiciclo contra la persona que nos guste o no “personifica a la Nación”.
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