El gobierno debe modular las prohibiciones y los ciudadanos tienen que saber que la liberalización no debe llevar a comportamientos irresponsables, que nos harían retroceder a una nueva cuarentena, que sería más difícil de soportar.

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El día de hoy, después del Consejo de Ministros, el gobierno debe informar sobre las nuevas medidas que tendrán vigencia después del 28 de febrero, fecha de vencimiento de las cuarentenas focalizadas y el toque de queda vigentes desde principios de mes. Como en todos los países del mundo, la decisión política tiene que buscar un equilibrio entre las restricciones sanitarias y lo que es razonable desde el punto de vista humano y económico. Los ajustes van a ser decididos en un momento en que se registran pequeñas mejoras, conseguidas gracias a las restricciones para salir y para trabajar. Sin duda, lo ideal sería que los ciudadanos apliquen las reglas sanitarias sin necesidad de estar obligados, pero ya hemos visto que incluso los países que apelaron inicialmente a la exhortación, como el Reino Unido y Alemania, tuvieron que introducir normas obligatorias y sanciones. En el Perú, sabemos que el confinamiento perjudica sobre todo a los sectores más vulnerables, en los que existe con frecuencia hacinamiento en el hogar y falta de servicios higiénicos adecuados. También sabemos que hay reclamos por la prohibición del uso de las playas y la de actividades como el transporte terrestre, la restauración, las prácticas deportivas y el culto religioso. El gobierno debe modular las prohibiciones y los ciudadanos tienen que saber que la liberalización no debe llevar a comportamientos irresponsables, que nos harían retroceder a una nueva cuarentena, que sería más difícil de soportar.

Toda política pública requiere decisiones y arbitrajes que no tienen que optar entre el bien y el mal, sino entre bienes, necesidades y prioridades que a veces son excluyentes. Un Estado eficiente no es el que carece de contradicciones que asumir y por eso tiene, inevitablemente, críticos y detractores. El Estado ineficiente es el que no preserva la unidad de su funcionamiento, es decir el respeto a la jerarquía y la confluencia tras objetivos compartidos. Hemos dicho una y otra vez que en el Perú tenemos tendencia a dividirnos y actuar los unos contra los otros. Un ejemplo flagrante lo da el equipo fiscal encargado de investigar el llamado caso de los Cuellos blancos del puerto, es decir el de la implicación de jueces, empresarios, políticos y funcionarios públicos en el narcotráfico en el Callao. Es decepcionante ver el nivel de conflicto al que han llegado las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, así como resulta chocante saber que tuvieron una reunión irregular con el expresidente Martín Vizcarra. Es saludable que la Fiscal de la Nación haya decidido apartar a las dos de un caso grave, del que dependen personajes decisivos de la corrupción organizada.

De la misma manera es irresponsable la actitud del candidato presidencial ecuatoriano Yaku Pérez, quien encabeza en nombre de una corriente indigenista una marcha hacia Quito para repudiar a la autoridad electoral. Ya hemos visto en el Perú a qué inestabilidad puede conducir esa actitud. Lo vimos también en Estados Unidos. El ex presidente Donald Trump ha tratado de desacreditar primero a las autoridades electorales y ahora a las judiciales que han decidido que deberá presentar, como todo contribuyente, sus declaraciones de impuestos en un juicio que se le sigue por defraudación tributaria. Con los impuestos no se juega en el capitalismo de Estados Unidos, puesto que constituyen la contrapartida necesaria del estímulo al enriquecimiento. En su reputada sección de Sátiras, la revista New Yorker imagina a Trump declarando en la cadena FOX: “Mi peor error en la Casa Blanca fue nombrar tres payasos en la Corte Suprema… Ninguno de esos estúpidos me llamó para consultarme lo que debían hacer”. ¡Felizmente, es sólo una sátira, esperemos que ajena por completo al verdadero discurso de Donald Trump!

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