Todos creíamos que debíamos respetar un plan de vacunación con prioridad al personal que combate en la primera línea y luego a las personas de la tercera edad, por eso indigna saber que autoridades médicas y públicas han traicionado la confianza de los ciudadanos

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Como en todo momento de crisis lo más importante es mantener la unidad de la nación. Cada día mueren en el Perú demasiados infectados por el COVID-19 y muchos más buscan una cama de hospital u oxígeno para respirar. El Estado es responsable de la salud pública y cada uno de nosotros de la supervivencia de nuestros parientes y allegados. La unidad no significa que todos debamos pensar lo mismo o que haya una verdad definitiva establecida por jefes. Es natural y saludable en una sociedad democrática que existan opiniones diferentes sobre la manera de solucionar los problemas y que las corrientes de opinión se articulen en orientaciones políticas que se expresan a través de partidos. Precisamente por eso se llaman “partidos”: ellos representan solo a una parte de la sociedad, a una parte de los intereses en juego. Las campañas electorales sirven para que esas corrientes compitan por el respaldo popular. Pero por encima de las opiniones deben prevalecer valores comunes y los intereses permanentes del Estado. Por eso no hay nada más importante que vencer la amenaza a todos que constituye el COVID-19. Ni nada más grave que atentar por intereses particulares contra la confianza en nuestras instituciones, las sanitarias, las judiciales, las electorales. Ese es el núcleo del escándalo producido por el uso indebido de vacunas entregadas al margen del ensayo clínico de Sinopharm. Todos creíamos que debíamos respetar un plan de vacunación con prioridad al personal que combate en la primera línea y luego a las personas de la tercera edad. Por eso indigna saber que autoridades médicas y públicas han traicionado la confianza de los ciudadanos y usado su poder para obtener beneficios que trataron de ocultar. A la pandemia y su repercusión económica se añade ahora una crisis de confianza que tiene una sola solución: reafirmación de la Ética pública, eficiencia en la vacunación e imparcialidad en las sanciones.

Exigir en estas circunstancias la renuncia de los responsables del Ejecutivo, la Mesa Directiva del Congreso y la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones no contribuye con esos objetivos. Tampoco ayuda adoptar poses justicieras y exigir que “se commine a la embajada china” a someterse a exigencias que suenan a retórica electoral. Otra forma de división que perjudica la lucha contra la pandemia es la de quienes oponen el sector privado al sector público. Lo vemos claramente en el caso del oxígeno. Pero a propósito de la vacuna, en este momento son los gobiernos los que negocian con los laboratorios. El ministro de Salud ha explicado que la ley impone dos condiciones a la adquisición de insumos médicos en época de emergencia: que se respete la prioridad de las poblaciones más vulnerables y que no se cobre más que lo que cobra el Estado. Puesto que las vacunas son gratuitas, mientras dure el estado de emergencia sanitaria las vacunas no pueden ser objeto de comercio, pero no se debe cerrar la puerta al dinamismo del sector privado.

La historiadora Carmen Mc Evoy rechaza en El Comercio que “lo hecho por el doctor Germán Málaga y su red resuman nuestro bicentenario”. Pero afirma que sí “muestra el lado oscuro de una república que de acuerdo con (el prócer) Faustino Sánchez Carrión, debía descolonizar sus costumbres, entre ellas bajarle la cabeza a un señor. Porque fue eso justamente lo que hizo Málaga ante Vizcarra para preservar su privilegio en el mundo de los vasallos y no de los ciudadanos…”. Puesto que cientos fueron vacunados discrecionalmente y burlaron el orden de prioridades, todavía podemos esperar que haya habido algunos que sí supieron decir NO a privilegios indignantes y ventajas indebidas.

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