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El Tribunal Constitucional se pronunció por unanimidad contra una ley observada por el Ejecutivo pero aprobada por insistencia en el Congreso: la que permitía la “devolución” de los aportes de los trabajadores a un fondo solidario de pensiones. Los magistrados han sentenciado que la ley es inconstitucional, tal como habían advertido numerosos especialistas. En el mejor de los casos, una mayoría de congresistas ha votado sin conocer el funcionamiento de nuestras instituciones, despertando ilusiones en sectores que se han visto privados de ingresos por la pandemia. La constitución declara intangibles los fondos de jubilaciones y más aún, prohíbe que los congresistas tengan iniciativa de gasto. ¿De dónde iba a salir la cuantiosa suma que hubiera sido necesario entregar a los afiliados que lo reclamaran? Lo más grave es que se haya actuado con ínfulas populistas, desconociendo el principio de solidaridad entre las generaciones. Ese es el sentido profundo de un fondo no privado de pensiones: que los activos paguen hoy las pensiones de los jubilados, para que lo mismo suceda más tarde cuando los activos hayan cesado de serlo por edad o invalidez. La inconstitucionalidad de esta ley es una prueba de la ligereza con la que ha actuado la mayoría de los congresistas. Lo que no impide, naturalmente, que candidatos como Daniel Urresti, atribuyan sin ningún fundamento el voto de los jueces a Julio Guzmán y el Partido Morado.
El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral ha reprobado la difusión en redes sociales de un video que se refiere con apodos y burlas a varios candidatos presidenciales. Es el ejemplo clásico de una manera destructiva de hacer campaña, lo que contraviene al Pacto firmado por diecisiete partidos. Parte del problema en las redes sociales es que ellas permiten que los candidatos no asuman la responsabilidad de lo que hacen sus seguidores. Así actúan los llamados troles: curiosa palabra tomada de seres diabólicos de la mitología escandinava. Los candidatos responsables se han comprometido en el Pacto Ético a hacer campaña en torno a propuestas. Es lo menos que podríamos esperar ante la gravedad de la pandemia.
La ministra de Salud confirmó ayer la presencia en nuestro país de la variante llamada “brasileña”, aparentemente más contagiosa que lo que conocíamos hasta ahora. Por urgente que sea la llegada de vacunas, más urgente es el uso de mascarillas seguras y el cumplimiento de la distancia social. El presidente Sagasti en discurso a la nación y la presidenta del Consejo de Ministros en el Congreso dieron detalles de los nuevos lotes conseguidos a través de negociaciones directas, pero también a través del mecanismo COVAX. La Unión Europea ha promovido la prioridad del Perú en vista de nuestra falta de vacunas y de las garantías que ofrecemos en relación a la logística.
El Congreso aprobó ayer una modificación constitucional que elimina la inmunidad de los congresistas que cometan delitos comunes. Sus casos serán vistos directamente por la Corte Suprema. Y a propósito de sanciones a congresistas, la Cámara baja del parlamento de Estados Unidos retiró de todas sus comisiones a la representante Marjorie Taylor Greene. Elegida por Georgia, Greene suele usar una gorra en la que figura que Trump ganó las elecciones. Greene hizo campaña con su foto llevando un fusil automático en las manos y exhortando a “los cristianos conservadores fuertes a que pasen a la ofensiva” contra los pedófilos de Hollywood que beben sangre de niños. Greene dijo ayer que ya no cree que los ataques terroristas del 11 de septiembre, así como los tiroteos en escuelas, hayan sido montajes, ni que los banqueros judíos organicen los incendios forestales en California. Su caso confirma el desafío que plantean a la democracia las sectas, las teorías “conspiranoicas”, el racismo y la mentira.
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