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Cada día nos llegan informaciones que no hacen sino confirmar la prioridad que debe ser dada a la Reforma Judicial. El funcionamiento de una justicia proba y eficiente es la única garantía con que cuentan los ciudadanos y las empresas para que sus derechos no sean vulnerados impunemente. Las dificultades que enfrenta la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia ponen en evidencia que la lucha contra la corrupción no es todavía un proceso irreversible. La transparencia no ha funcionado en las instituciones judiciales, impidiendo que los miembros de la Comisión Especial estuvieran debidamente informados sobre la trayectoria de los candidatos.
Por otra parte, IDL Reporteros ha hecho conocer nuevas confesiones del empresario peruano-israelí Joseph Maiman, quien ha reconocido haber recibido cerca de 35 millones de dólares de coimas destinadas al ex presidente Alejandro Toledo. Por su parte el portal de periodismo de investigación CONVOCA revela que según la memoria digital de ODEBRECHT se habría hecho pagos ilegales de 3 millones de dólares en el marco del proyecto de Gasoducto del Sur, actualmente paralizado.
Desde luego, esas informaciones deben ser confirmadas por Fiscales, pero ya sabemos que los periodistas de investigación han cumplido un papel crucial para evitar que tengan éxito los sofisticados mecanismos de opacidad, ocultamiento y presión sobre los magistrados. También ayer fuimos testigos de una expresión mayor de cinismo judicial: el prófugo ex juez supremo César Hinostroza afirmó sin sonrojarse que él salió del Perú cuando no había orden de detención, omitiendo reconocer que sí tenía impedimento de salida. Hinostroza ha vuelto a usar el manido argumento de las amenazas que pesan sobre su vida en un país en el que no existiría una Justicia independiente.
Todas las instancias que tienen que ver con la lucha contra el delito se hallan siempre expuestas a la corrupción. Ayer lo hemos visto también con el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, cuyo Consejo Nacional ha sido destituido por el Ministerio de Justicia. La razón es la liberación de un sicario implicado en el asesinato del Consejero regional de Ancash, Ezequiel Nolasco. No solo se trata de una inaceptable indulgencia con el crimen, sino una burla a los familiares de la víctima.
Por esencial que sea la Reforma Judicial, debemos afirmar simultáneamente la urgencia de la activación de nuestra Economía. Por lo pronto, el Estado debe cumplir su papel de garante de la inversión. Lo peor es no hacer nada y así resucitar la desencantada máxima que se atribuye al dos veces expresidente Manuel Prado: “En el Perú, hay dos tipos de problemas, los que se resuelven solos y los que no se resuelven nunca”. Como lo muestran los casos de Conga, Tía María y Las Bambas, los problemas se vuelven peores cuando se permite que la demagogia y las medidas de fuerza prevalezcan sobre el Estado de Derecho. Lo mismo podemos decir respecto de la empresa pública Petroperú, puesto que un nuevo derrame de petróleo no ha podido ser remediado desde hace nueve días. ¿El Estado va a ceder ante el sabotaje y la grave amenaza de contaminación en los ríos de nuestra selva?
Una buena noticia nos llega de Estados Unidos, donde un grupo de multimillonarios se opone a la política tributaria de Donald Trump y solicita que no les bajen los impuestos. Algunos de ellos, como el filántropo Georges Soros, dicen sentir vergüenza de pagar menos impuestos que sus secretarias. En momentos en que Estados Unidos aumenta su déficit público y se acentúa la desigualdad económica, resulta alentador que prominentes miembros del 1% más rico del país, den un ejemplo de verdadero patriotismo y fría sensatez.
Las cosas como son
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