Tal como sucedió el pasado mes de septiembre, el presidente ha sido convocado ante el Pleno el próximo 9 de noviembre, es decir apenas dos días antes de que venza el plazo para que el Congreso conteste a la demanda competencial presentada por el gobierno ante el Tribunal Constitucional.

El Congreso aprobó la admisión de una nueva moción de vacancia presidencial que había sido promovida por UPP, el partido de Antauro Humala. 60 congresistas votaron a favor, 40 contra y 18 optaron por la abstención. De los 60, la mayoría fueron congresistas de Acción Popular (15), que se añaden a 13 de Fuerza Popular, 12 de UPP, 9 de Podemos, 4 de Somos Perú y 5 del Frente Amplio. Tal como sucedió el pasado mes de septiembre, el presidente ha sido convocado ante el Pleno el próximo 9 de noviembre, es decir apenas dos días antes de que venza el plazo para que el Congreso conteste a la demanda competencial presentada por el gobierno ante el Tribunal Constitucional. Algunos acciopopulistas invocaron a Fernando Belaunde para justificar una decisión que contradice el cuidado que el expresidente mostró siempre para preservar la estabilidad de las instituciones y la dignidad de la función presidencial. Pero en materia de excesos y arbitrariedades interpretativas, el que llegó más lejos fue el congresista Lenin Bazán del Frente Amplio, quien sostuvo, sin que nadie se inmutara, que el comportamiento del presidente Vizcarra evidencia falta de salud mental, por lo que correspondería aplicar el artículo 113 que prevé la vacancia por “incapacidad moral permanente”, que designaba en su origen la demencia.

Es cierto que la Unión Soviética utilizó ampliamente la psiquiatría para reprimir a sus disidentes, pero hubiéramos podido esperar que el Frente Amplio reprobara ese tipo de argumentación. Por su parte el congresista José Vega Antonio, precandidato presidencial de UPP sostuvo que Vizcarra debe ser removido porque no ofrece garantías para las elecciones, lo que no hace sino evidenciar su penosa visión del rol del Ejecutivo en el proceso electoral. El congresista Otto Guibovic ha sostenido que la nueva moción de vacancia no altera la gobernabilidad, como si ella no obligara a Vizcarra a preparar por segunda vez su defensa, en tiempos de pandemia. Diferente fue la actitud del precandidato Yonhy Lezcano, quien afirmó que hubiera votado contra la moción, en espera de que la Fiscalía llegue a conclusiones y haga sus imputaciones después del 28 de julio próximo. Aunque todo parece indicar que la vacancia no alcanzará las dos terceras partes de los votos necesarias para hacerse efectiva, el Perú tendrá que pasar por tercera vez en lo que va del quinquenio por una experiencia que fragiliza el ejercicio presidencial y nos distrae de los graves desafíos sanitarios y económicos que enfrentamos.

Pese a la polarización política y la falta de entusiasmo en las incipientes propuestas electorales, hay indicios de mejoras económicas. El gerente de estudios económicos del BCP, Carlos Prieto, sostiene en Gestión que podemos aspirar “a un rebote de la economía cercano al 15% en el 2021 que logre borrar la caída del 2020, en torno a -12.5%”. Es cierto que es amplia la lista de requisitos para que se cumpla ese escenario optimista: “Aprender a vivir inteligentemente con el virus, elevados precios de metales, políticas económicas expansivas, espíritus animales, menor incertidumbre política y hasta un poco de suerte”. Prieto sugiere que se convoque a un grupo de expertos internacionales para elaborar una propuesta de reglas fiscales, eliminar las exoneraciones y dar más eficiencia al gasto público. Afirma también que “es tarea de todos proponer y debatir medidas específicas para aumentar nuestro crecimiento de mediano plazo, movilizar inversiones paralizadas y atacar nuestros serios problemas estructurales”. ¿Pero no es precisamente para proponer y debatir que sirven las campañas electorales? Sí, cuando no se ven perturbadas por la voluntad reiterada de vacar al presidente de turno y reemplazarlo por el presidente del Congreso.

Las cosas como son