Hay días en que todo observador de la realidad peruana quisiera poder escribir sobre proyectos en marcha, obras inauguradas, leyes aprobadas, consensos alcanzados, indicadores sociales en alza y objetivos claros y movilizadores. Pero lejos de eso, la actualidad nos obliga a detener la mirada en denuncias inextricables, audios vergonzosos y procedimientos judiciales que parecen complicarse hasta el infinito.
Esto sin hablar de insultos, como los proferidos anoche en la Comisión de Ética por la congresista Milagros Salazar “Es una mentirosa y no voy a dejar que mi reputación sea cuestionada por una mujer de esa calaña”. Para entonces, solo seguían presentes tres de sus compañeros de bancada, y la impertérrita presidenta Janet Sánchez. Y sin embargo, la jornada parlamentaria de ayer había comenzado con señales optimistas. Rosa Bartra aseguraba que esta misma semana se podrían aprobar dos leyes del paquete que forma la Reforma Política y los miembros de la Comisión Especial plantearon propuestas sensatas para sobrellevar las peripecias de la formación de la Junta Nacional de Justicia.
Pero la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió archivar una parte de la denuncia formulada por la Fiscal de la Nación contra Pedro Chávarry en relación al deslacrado de oficinas en la propia sede del Ministerio Público. No se trata de que el Congreso acuse o no a un alto funcionario, sino de que autorice el levantamiento de la inmunidad que lo protege para que la Justicia pueda investigarlo. Pues no, no podrá.
Los ciudadanos tendremos que resignarnos a no saber lo que sucedió un día del cual un video nos ha dejado recuerdos imborrables. La Fiscalía considera que la decisión congresal mutila la denuncia y debilita la investigación, obstaculizando la lucha contra la corrupción. Y Víctor Andrés García Belaunde ha declarado: “Que hay blindaje es evidente, eso no puede negarlo nadie… Ni siquiera el APRA ha votado a favor, lo que es un signo interesante”.
También enfrentamos la improbable situación de un juez supremo, Aldo Figueroa, cuyas conversaciones grabadas con el detenido juez Walter Ríos podrían no impedirle seguir tomando decisiones. “Solo él puede tomar la decisión de inhibirse. En su caso yo lo haría”, dijo el presidente de la Corte Suprema. Pero nadie puede obligarlo ni sancionarlo, simplemente porque ya no existe el Consejo Nacional de la Magistratura y todavía no nace su reemplazante Junta Nacional de Justicia. Lecaros ha propuesto que entretanto el Congreso otorgue facultades sancionadoras a la Sala Plena de la Corte Suprema.
Escándalo en Lava Jato
Como si no hubieran ya razones para inquietarse, nos llega desde Brasil la noticia de audios que evidencian maniobras del ex juez estrella Sergio Moro para obtener la detención del expresidente Lula. Entretanto, Moro es ministro de Justicia y Lula ha sido condenado por corrupción. El otrora riguroso juez ha intentado una defensa que no hubiera osado ninguno de los procesados que él envió a prisión: “Ni he escuchado los audios ni conozco sus contenidos. Yo no guardo registro de mis conversaciones”.
En estas circunstancias el primer ministro asistirá hoy a la Comisión de Constitución. ¿Cómo podríamos confiar en la voluntad real de emprender una reforma política y judicial si los jueces siguen siendo objeto de sospechas fundadas y si reaparece el fantasma de la impunidad? ¿Cómo saber que la imparcialidad inspirará las decisiones que tomará la Justicia sobre el caso Salaverry, por ejemplo, o el club de la construcción, la clausura de universidades o la prisión preventiva de Keiko Fujimori y Susana Villarán? Es inevitable llegar a la conclusión de siempre: sin justicia independiente todo el funcionamiento del Estado pierde credibilidad.
Las cosas como son
Enviado de lunes a viernes
