La semana que comienza sabremos si durante los próximos meses seremos capaces de forjar consensos sobre reformas institucionales de fondo, o si tendremos que ir en septiembre a elecciones parlamentarias para reemplazar al Congreso que podría haber sido disuelto. Esa alternativa depende de la confianza que el Primer Ministro solicitará el martes ante el Pleno, y no de la carta presentada la semana pasada. La confianza se solicita oralmente y en los términos que Salvador del Solar definirá ante la representación nacional. Hemos llegado a esta situación de incertidumbre y riesgo por falta de acuerdos, pese a que los líderes del Congreso y del Ejecutivo afirman compartir los mismos objetivos: fortalecer nuestras instituciones, impedir que la corrupción siga penetrando el Estado y el sector privado, restablecer la confianza de los ciudadanos.
Sin embargo, el primer ministro ha hecho saber que el detonante de la decisión presidencial de “ir hasta las últimas consecuencias” fue el “blindaje” del Fiscal Pedro Chávarry. El presidente Vizcarra también deploró que la Comisión de Constitución archivara el proyecto sobre la inmunidad de los congresistas sin siquiera someterlo a debate en el Pleno. A partir del discurso presidencial del miércoles hemos observado una gran variedad de pronunciamientos de juristas que lo único que han mostrado es que no hay consenso sobre aspectos esenciales de nuestro sistema legal y constitucional. Peor aun, hemos visto al presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, pronunciándose desacertadamente sobre un tema que podría llegar a la competencia del Tribunal que preside.
Hasta tal punto es patente la falta de unanimidad entre juristas, que uno de los abogados que ha ido más lejos en la denigración del Ejecutivo, Enrique Ghersi, sostiene: “Estas discusiones jurídicas son siempre justificativas. Son pretextos”. Sin embargo, algunos congresistas fujimoristas y apristas (no todos) pretenden convencernos de que la carta presentada por el primer ministro es inconstitucional. Invocan sobre todo el plazo mencionado, que no es otro que el fin de la actual legislatura. Pero también algunos de los proyectos de reforma, como el de las elecciones primarias.
Lo único claro cuando hay discusión sobre temas complejos es que los que menos saben son los que más insultan. Es una mala costumbre generalizada en nuestro país la de descalificar a los adversarios con argumentos ad hominem, es decir atribuyendo a las personas motivaciones ocultas y perversas. Por eso tiene razón el comunicado de la Defensoría del Pueblo, que afirma que “la ciudadanía exige diálogo al Ejecutivo y al Parlamento, como una clara muestra de serenidad, madurez y compromiso con los Derechos Humanos”. Walter Gutiérrez se explicará en Ampliación de Noticias, así como el ex primer ministro Pedro Cateriano, que tiene experiencia política en materia de votos de confianza.
Ruth Baden Ginsburg, la voz de la igualdad
Quien quiera sustraerse al clima de maniqueísmo y ataques personales saldrá entusiasmado de una película que proyectan muy pocas salas de nuestro país: “La voz de la igualdad”. Se trata de la historia real de la decana en ejercicio de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, hoy de 86 años. Los jueces supremos son ratificados de manera vitalicia por el Senado, por lo que se dice de ellos “que no se equivocan nunca y mueren rara vez”. Ginsburg inició sus estudios en Harvard cuando en esa prestigiosa facultad no existían servicios higiénicos para mujeres. Su caso muestra que un juez puede tener sólidas convicciones pero votar de acuerdo a su apreciación independiente de la ley. ¡Felices los países en que una jueza puede ser admirada y hasta objeto de una película que la presenta como una heroína de la ley y la Democracia!
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