El Congreso designará la comisión encargada de elegir a los jueces constitucionales. No se trata de un mero trámite ni debería ser una comisión como las demás, simple reflejo de la correlación de fuerzas políticas. Recordemos que la disolución del Congreso pasado fue precipitada precisamente por la elección tortuosa de un miemro del TC. Su futura composición es de la mayor importancia porque todos los grandes temas de la agenda pública terminan bajo su consideración. El TC es el garante último del respeto a nuestra constitución, es decir, de la vigencia del Estado de Derecho. Pero además ve casos que tienen que ver con intereses económicos que esperan sentencias. Entre ellos, el de algunas universidades que no han sido licenciadas, deudas tributarias de grandes empresas y también el viejo reclamo de los bonos de la reforma agraria. Sería una pésima señal que congresistas vinculados a intereses aparezcan en la comisión, tal como ha sucedido con la Comisión de Fiscalización, presidida por un congresista de UPP que tiene varias investigaciones. Cuando la Contraloría le abrió investigación, el congresista y ex contralor Edgar Alarcón no tuvo mejor idea que solicitar las hojas de vida de los funcionarios que habían participado en la investigación de su caso. El Congreso debe hacer un esfuerzo para escoger miembros calificados profesionalmente pero también insospechables de actuar por interés o bajo presión. Y menos para buscar protección frente a sus propios asuntos judiciales.
En este contexto es digno de mención que el Tribunal Constitucional haya anunciado que la Oficina Nacional Previsional ha decidido desistirse en 150 casos de jubilaciones. Los contenciosos por jubilaciones constituyen el tema más frecuente en las causas que ve el TC. El Estado viene pagando más en abogados que lo que costaría allanarse a reclamos de ancianos que de todas maneras cobrarán pensiones muy limitadas. Es cierto que muchos de esos casos se vuelven inextricables como consecuencia de la deshonestidad de empleadores que no cumplieron con pagar las cotizaciones a la ONP.
En los últimos días hemos discutido mucho sobre temas epidemiológicos, económicos y de gestión pública. El coronavirus nos ha impuesto su agenda. Nosotros la confusión de la cifras. Por eso es importante afirmar que no hay solución a los problemas públicos sin ciudadanos que asuman responsabilidades de acuerdo a sus funciones y su capacidad económica. Hay países en los que resulta vergonzoso no pagar impuestos, no respetar las reglas de tránsito, sobornar funcionarios o mentir para participar en una licitación pública. Por eso nuestra Agenda debe incluir también la afirmación de valores que constituyen el alma de nuestra República. De ahí la importancia de conmemorar el bicentenario de nuestra independencia. Otros países han sabido utilizar sus grandes conmemoraciones para inaugurar obras públicas, pero también para promover una dinámica de autoestima y de compromiso con el país. La Directora Ejecutiva del Proyecto Bicentenario publica un artículo en El Comercio bajo el título de Conmemorar y transformar. Gabriela Perona sostiene la conveniencia de “una introspección individual y colectiva que conduzca a la construccion de un proyecto común”. Quizás Jorge Basadre sea el historiador que más ha contribuido al conocimiento de la iniciacion de nuestra República. Interrogado al fin de su vida por los orígenes de su búsqueda personal de independencia, contestó: “Cuando llegué a Lima era huérfano, pobre y provinciano. Tuve, como dicen algunos, que luchar desde abajo, luchar contra todos los obstáculos y derribarlos uno a uno”.
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