Continúan las críticas a la reforma constitucional aprobada por el Congreso que modifica la inmunidad parlamentaria y suprime garantías de ministros, de jueces constitucionales y del presidente de la República. Después de la severa advertencia de la presidenta del Tribunal Constitucional, ayer fue el turno del Defensor del Pueblo. En una carta dirigida al presidente del Congreso, Walter Gutiérrez sostiene que la reforma constitucional aprobada “presenta vicios de inconstitucionalidad formales y materiales”. Afirma también que el proyecto elimina las garantías que aseguran la independencia de la Defensoría. La carta exhorta al Congreso a “reevaluar la iniciativa votada, pues de ser aprobada en segunda legislatura…inexorablemente será declarada inconstitucional”. La misma consideración ha llevado a la renuncia de no menos de trece asesores de la Comisión de Constitución, presidida por Omar Chehade. Desde Pedro Cateriano, Oscar Urbiola y César Landa hasta Francisco Eguiguren y Raúl Ferrero, todos coinciden en la precipitación y en el daño causado a nuestra institucionalidad. También el embajador Alan Wagner, presidente de Transparencia, ha hecho un llamado a que prevalezca la sensatez y se halle el mejor camino para destrabar la reforma política sin afectar nuestras instituciones.
Mientras tanto, el Consejo de ministros de España aprobó ayer la extradición del ex juez supremo César Hinostroza, prófugo de la justicia peruana. El gobierno español considera ajustada a Derecho la demanda del Perú que solicita su extradición para que responda por tres cargos formulados contra él: tráfico de influencia, patrocinio ilegal y negociación incompatible. Sin embargo, Hinostroza ha multiplicado los recursos para impedir o retrasar su retorno al Perú. En este caso se trata de un recurso contra la denegación del asilo, que podría prolongarse en una gestión ante el Tribunal europeo de Derechos Humanos. La duración del procedimiento en España y las maniobras de la defensa muestran que la lentitud no es un problema exclusivo del Perú, sobre todo cuando el justiciable ha sido él mismo un habilidoso juez que conoce muy bien como neutralizar el aparato judicial. Lo que significa que habrá que redoblar la paciencia y esperar que el día en que Hinostroza dé cuentas a la Justicia podamos desarticular redes organizadas que no solo practicaban la corrupción, sino también el encubrimiento de actividades criminales. No olvidemos que el caso de los Cuellos Blancos comenzó con investigaciones sobre narcotráfico en el Callao.
Seis excancilleres de diferentes gobiernos peruanos han expresado su rechazo a la voluntad de Estados Unidos de postular a un norteamericano a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Al hacerlo, expresan su respaldo a lo dicho por ex-presidentes latinoamericanos de diversas tendencias que desaprueban “la ruptura de una norma no escrita pero respetada desde el origen”, en virtud de la cual el BID tendría su sede en Washington pero su presidente sería latinoamericano. Fernando Enrique Cardoso, Juan Manuel Santos, Ricardo Lagos, Ernesto Zedillo y Julio María Sanguinetti invocan la autoridad del expresidente Eisenhower que en 1958 afirmó la opción de contar con presidentes latinoamericanos. Los ex-cancilleres peruanos sostienen que no se trata solo de “una alteración protocolar” sino de “un quiebre con obvias derivaciones políticas en el quehacer de uno de los instrumentos más eficaces para la convivencia hemisférica”. El clima electoral en Estados Unidos no es propicio para el consenso. Y ya sabemos que Donald Trump no concede mucha importancia a las relaciones multilaterales. Hoy tendremos una nueva indicación de lo que espera de América Latina, puesto que se reúne con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Veremos si la frontera, el muro y la inmigración agotan el horizonte de su mirada.
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