Durante los últimos días el Perú superó la cifra de 300,000 infectados por el coronavirus, lo que nos ubica entre los cinco países con mayor tasa de contagio, solo superada por Estados Unidos, Brasil, India y Rusia. Actualmente, más de 1,200 pacientes se hallan en unidades de cuidados intensivos, por padecer síntomas graves de la infección. Pese a la dureza de las cifras, el miércoles pasado hemos entrado a un proceso de desconfinamiento gradual y focalizado porque así lo requiere la recuperación de nuestra economía. La exigencia de la hora es la propia de toda situación de emergencia sanitaria: disciplina, unidad, concentración de las energías en atender las demandas de los que sufren por sí mismos y sus familias. Resulta por eso chocante que nuestros dirigentes hayan ofrecido un espectáculo de división que nos ha llevado al borde de una crisis política. Peor aún, que la causa de esta inestabilidad esté ligada a actitudes sinuosas ante la lucha contra la corrupción. Los congresistas no pudieron cumplir durante la noche del viernes con el compromiso elemental de prohibir que en las elecciones del próximo año puedan postular candidatos condenados en primera instancia por delitos dolosos. ¿Queremos abrir la puerta para que el Congreso del bicentenario sirva de refugio a delincuentes en búsqueda de inmunidad?
El presidente Vizcarra pronunció ayer un discurso a la nación en el que reprochó al Congreso el no haber cumplido con promesas de la campaña: supresión de la inmunidad parlamentaria y prohibición de candidatos con condenas. Anunció que convocaría por eso a un referendo que se realizaría en simultaneo con las elecciones de abril próximo. Poco más tarde, el Congreso sesionó de urgencia, horas antes de que terminara la legislatura y aprobó un texto sustitutorio sobre la supresión de la inmunidad. El sábado solo aprobaron la propuesta 82 congresistas, ayer fueron 110. Sin embargo, de un plumazo se modificaron varios artículos de la Constitución para incluir en el recorte de la inmunidad al presidente, a los ministros, a jueces supremos y constitucionales y al defensor del pueblo. Desde el próximo año el presidente y los ministros podrán ser denunciados y juzgados durante el ejercicio de sus funciones. Si la administración pública es ya lenta y pusilánime, ¿cómo será cuando cualquier decisión pueda dar lugar a un engorroso proceso judicial sin esperar el término de los mandatos? ¿Por qué tanta lentitud durante meses y una tal precipitación a última hora? Ya hemos visto que existen bancadas de fuerzas políticas improvisadas que no actúan en base a una visión del país, ni siquiera de la urgencia sanitaria que estamos viviendo. Responden a intereses, que en algunos casos tienen que ver con la reforma universitaria y las universidades privadas de licencia. En otros, como sabemos, las motivaciones tienen que ver con el blindaje de delitos y redes criminales que la Justicia no logra desarticular.
Ni la persistencia de la crisis sanitaria ni las decepciones políticas deben hacernos olvidar que hoy celebramos el Día del Maestro, en recuerdo de la fundación de la primera Escuela Normal, por el general San Martín en 1822. Una parte de ellos se prepara para retomar las clases presenciales en más de 600 distritos en los que no hay conectividad y, afortunadamente, tampoco presencia del coronavirus. Nuestro país está en deuda con los maestros, una amplia mayoría de los cuales son mujeres. El Congreso introdujo sin consulta técnica en la Constitución un porcentaje fijo del PBI para la Educación, 6%. Que la conmemoración de hoy nos sirva para promover el reconocimiento de aquellos que forman a nuestros hijos, con la esperanza de que vivan en un país sin corrupción, sin decisiones demagógicas, sin divisiones cainitas.
Las cosas como son
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