El balance expuesto por el presidente Vizcarra sobre la lucha contra el coronavirus será recordado por un ultimátum lanzado a las clínicas privadas: o bien lograban en 48 horas un acuerdo de tarifas con el Estado o el gobierno haría valer su interpretación del artículo 70 de la Constitución. Al cabo de cien días de cuarentena, el Acuerdo Nacional y el Arzobispo de Lima han obrado con éxito como facilitadores de una negociación cuyo fracaso nos hubiera condenado a un dinámica imprevisible. La realidad es que los pacientes afiliados al SIS para los que no hay camas libres en hospitales públicos se ven obligados a recurrir a clínicas privadas, donde el precio diario de la atención por Covid-19 podía equivaler a nueve o más salarios mínimos. El Estado se comprometió a asumir los costos de una atención que él hubiera debido ofrecer directamente en su propia red hospitalaria. Pero no negoció a tiempo los precios con clínicas que tienen fines de lucro. El SIS proponía una tarifa diaria que no llegaba a la mitad de lo que las clínicas calculan que cuesta el cuidado especializado, sin añadir su parte de ganancia. Y es así como ahora, después de cien días y más de 8,500 muertos, los acuerdos tuvieron que lograrse bajo el espectro de la expropiación. Lo que hubiera obligado a darle la última palabra a un Congreso que, ya sabemos, se orienta a aprobar leyes que generan aplausos fáciles y problemas mayores. ¿Qué impidió prever este impase y negociar desde el primer momento con los representantes de las clínicas privadas? Parece que hubiera sido necesario ponernos al borde del abismo para que la cifra de 55,000 soles por caso ponga de acuerdo al Estado y las clínicas. El balance presidencial debía alentar la disciplina y la unidad con cifras y previsiones epidemiológicas precisas. Lo que trajo fue una noche que ha resuelto un tema pendiente pero ha acentuado las inquietudes. Nadie debería jugar con el fuego del descontento social, y menos arriesgar que las chispas de la desigualdad enciendan la tentación de la revuelta.
Desde el punto de vista político, lo que está en debate es la manera como una economía abierta debe adaptarse a las circunstancias excepcionales de un estado de emergencia. En Estados Unidos hemos visto a Donald Trump amenazar a la General Motors en caso de que no se reconvierta para producir ventiladores mecánicos. El politólogo Eduardo Dargent contrasta en El Comercio el “liberalismo conservador” de nuestros días, con el liberalismo de los años ochenta que adquirió su fuerza con la promesa de cambios que se impulsaron durante los años noventa. Pero ahora, Dargent dice compartir el temor de que en vez de “en vez de una crítica técnica y política a lo que hay pasemos a un desmadre”. Y concluye: “Con su actitud de predicar desde el Olimpo, de ser poco empáticos con el sufrimiento, creo que nuestros liberales criollos contribuyen a ese desmadre”.
El exministro Luis Miguel Castilla parece inmune a toda forma de tentación del desmadre. En Gestión publica un artículo sobre Inversión minera y reactivación económica. Castilla afirma que el “reciente patrón alcista en el precio del cobre podría presentar una ventana de oportunidad que no debiera ser desaprovechada y que permitiría viabilizar proyectos que se encuentran postergados”. Fiel a su filosofía de síntesis y de exigencias justas a todos los actores económicos, Castilla exhorta al gobierno a dar muestras de “más liderazgo y mayor habilidad política” y al sector empresarial a mostrar “mayor esmero en ganarse la licencia social”. Pensándolo bien, si se aplicara la filosofía de Castilla hubiéramos podido resolver el problema de las clínicas privadas sin pasar por una noche de incertidumbres y tensiones.
Las cosas como son
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