El día de ayer el proceso de reforma del sistema judicial ha sufrido un traspiés inesperado. De los 104 candidatos a ser miembros de la futura Junta Nacional de Justicia, solo tres aprobaron el examen de conocimientos sobre temas jurídicos. Las preguntas habían sido preparadas por facultades de derecho de San Marcos, Católica, San Martín y San Agustín de Arequipa. Del total de preguntas propuestas por las universidades, 50 fueron formuladas a los candidatos en el curso de una prueba realizada en la Universidad Nacional de Ingeniería. Los malos resultados de este examen constituyen una seria advertencia sobre el nivel real de la formación jurídica en nuestras universidades, puesto que todos los candidatos son abogados con más de veinte años de experiencia. Inquieta también que los mejores resultados hayan sido obtenidos por un abogado, David Dumet, quien se ha ilustrado durante los últimos meses con twits de dudoso gusto y alto grado de belicosidad ideológica. Pero no es el momento de lamentarnos sobre el triste nivel académico de nuestros abogados ni de reprochar los procedimientos adoptados.
La Comisión Especial, integrada por altas autoridades del Estado y dos rectores, ha debido ajustarse al marco de la ley y a un calendario que debe culminar el 19 de julio con la instalación de la Junta. Recordemos que la Junta debe evaluar, sancionar y nombrar a jueces y fiscales en todos los distritos judiciales de nuestro país. El examen realizado ayer era solo la primera etapa del procedimiento de selección, cuyo coeficiente principal no era teórico sino de idoneidad y trayectoria. Hoy sabremos qué propone la Comisión Especial para enrumbar el concurso y si el Congreso será capaz de reaccionar con rapidez y ponderación para evitar que un aspecto crucial de la Reforma Judicial se estrelle contra la triste realidad de nuestras graves carencias de capital humano. Esperemos que el concurso no se politice y que no dé lugar a las habituales recriminaciones: “Ya les habíamos advertido”.
Los peajes en Lima
Otro tema que seguiremos hoy con particular interés es la sesión del Consejo Municipal de Lima que deberá abordar la situación de los peajes que se pagan al interior de nuestra ciudad. Su legitimidad ha sido cuestionada por el alcalde Jorge Muñoz y el presidente de la República. Sin embargo, se han levantado también voces que alertan contra la resolución de contratos de concesión que empeñan la palabra del Estado, y cuyo desconocimiento podría dar lugar a denuncias ante instancias internacionales de arbitraje. El tema es tanto más complicado que las dos concesionarias originales, las empresas corruptoras Odebrecht y OAS vendieron sus activos a la empresa francesa VINCI y al Fondo canadiense de pensiones Brookfield. También es real que resulta jurídicamente inaceptable que existan peajes en tramos en los que no hay vías alternativas gratuitas, lo que parece ser el caso en Puente Piedra.
El caso de Austria
En el plano internacional, esta semana se realizan elecciones para el Parlamento de la Unión Europea. En varios de los países de la Unión, como Francia, los sondeos prevén un auge de los movimientos populistas y de extrema derecha. Un caso particular es el de Austria, cuyo gobierno debió renunciar ante la difusión de un video en el que se escuchaba al vicencanciller Heinz Christian Strache, (del partido de extrema derecha) negociando aspectos de campaña con una allegada del presidente ruso Vladimir Putin. Strache ha hecho carrera criticando a “los partidos tradicionales”, defendiendo la soberanía de Austria y pronunciándose contra la corrupción de las élites. Antes de renunciar, intentó defenderse minimizando una conversación ligera con alcohol y una dosis de machismo. ¡Vaya, vaya, en la Viena de Metternich, Mozart y Freud también hay hermanitos!
Las cosas como son
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