El ciclo comenzó con la solicitud de renuncia del ministro de Salud y hoy ha dado lugar al cruce de aclaraciones entre las cabezas del Ejecutivo y el presidente del Congreso.

Mientras más se prolonga la incertidumbre respecto a la pandemia, más se hacen visibles los gérmenes de la hostilidad y la división. El ciclo comenzó con la solicitud de renuncia del ministro de Salud y hoy ha dado lugar al cruce de aclaraciones entre las cabezas del Ejecutivo y el presidente del Congreso. Manuel Merino vaciló cuando intentó hacer un balance de nuestra situación sanitaria. No quedó claro si para él “el gobierno está fracasando” o “los peruanos estamos fracasando”. Si las cifras de contagios y muertes no siguieran aumentando, no se plantearía el problema y las autoridades del Estado se esforzarían en guardar las apariencias de la unidad y las buenas formas. Pero precisamente porque las cosas no van bien no es el momento de acentuar las divisiones.

Cuando hayamos superado la crisis y miremos con serenidad el comportamiento de los actores políticos, juzgaremos con severidad a quienes no supieron estar a la altura de sus responsabilidades y prefirieron la confrontación. Manuel Merino ha reiterado que el Congreso actual no es igual que el anterior, que no está inspirado por la obstrucción ni la amargura causada por una derrota electoral. Necesitamos gestos de colaboración para estar seguros de lo que dice. Por ahora hemos visto que ni en materia de las AFP, ni sobre los colectivos y los peajes se ha podido hallar fórmulas de convergencia.

En esos temas el Congreso expone al país a la incapacidad de hacer reformas coherentes y a evitar la derrota ante tribunales internacionales. Peor aún, los congresistas han impuesto su deseo de no ser tratados igual que el resto de los funcionarios respecto a la obligación de transparencia, es decir su declaración de intereses. Ni siquiera han sido capaces de consensuar una fórmula para deshacinar las cárceles y evitar que el coronavirus siga cobrándose víctimas en espacios cerrados bajo la autoridad del Estado. Un nuevo frente de batalla parece abrirse a propósito de la presentación del Ejecutivo ante el Pleno. Francamente, la gravedad de nuestra situación vuelve inaceptable lanzarse a grandes interpretaciones respecto del mandato constitucional de exponer lo actuado durante el interregno, así como la política general que se pretende poner en práctica. Los peruanos sabremos diferenciar a los que juegan con fuego y a los que piensan en el sufrimiento causado por la pandemia y sus graves consecuencias económicas.

La irracionalidad, los discursos engañosos y la arrogancia política no son privativos del Perú, ni reservados a un tipo de ideología. Dos casos extremos se hallan encarnados en el presidente de Estados Unidos y el de Nicaragua. El primero insiste en promover el uso de un medicamento, la hidroxicloroquina, que carece del aval del organismo encargado de la previsión y control de enfermedades de su propio país, la otrora respetada CDC. En Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo han organizado la más total falta de transparencia al amparo de la cual niegan desde hace meses que el coronavirus represente un riesgo a la salud pública de su país. De pronto el número inverosímil de 25 contagiados se ha multiplicado por diez, pero nadie puede verificar las cifras en un país en el que no se sabe qué pruebas de despistaje se vienen realizando.

La ex primera ministra Beatriz Merino ha pedido que los dirigentes con aspiraciones presidenciales asuman sus responsabilidades y participen en la búsqueda de soluciones. En efecto, el silencio de muchos de ellos parece responder a la pusilanimidad, si no al cálculo electoral. Dentro de menos de once meses se someterán al voto popular. Para entonces les habremos preguntado lo que hacían durante los meses de abril, mayo y junio, cuando los contagios se multiplicaban y se volvía sonoro el silencio de quienes debieron hablar.

Las cosas como son