Su levantamiento es una decisión difícil porque tiene que sopesar a la vez criterios epidemiológicos y realidades sociales y económicas.

Hoy hemos entrado a los últimos siete días de cuarentena impuesta por el gobierno para frenar el avance del coronavirus. Su levantamiento es una decisión difícil porque tiene que sopesar a la vez criterios epidemiológicos y realidades sociales y económicas. Todos hubiéramos deseado que al término de nueve semanas de confinamiento las cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes fueran claramente tranquilizadoras. No lo son, como lo comprueba la comparación con los resultados de nuestros países vecinos. Nadie debería complacerse por eso. Y menos aún, utilizar el tema como arma arrojadiza contra sus adversarios políticos. Todos somos responsables de la salud en nuestro país, porque ella depende parcialmente de nuestro comportamiento: el lavado de manos, el uso de mascarillas, la distancia social. Esas medidas seguirán siendo necesarias cuando se levante, el próximo lunes, el confinamiento en nuestras viviendas. Pero la salud pública depende sobre todo de la gestión que el gobierno haga en aspectos decisivos: la red de hospitales, los tests, el ordenamiento de los mercados, la organización del transporte público, el escalonamiento de horarios para evitar colas y aglomeraciones.

Hay países como China en que todo depende del Estado, que impuso una cuarenta rígida. Otros, como Hong Kong han tenido éxito gracias al compromiso de los ciudadanos. Al parecer las redes ciudadanas y los aplicativos digitales que organizaron desde junio pasado las movilizaciones contra la injerencia política china son las mismas que han permitido que los 7 millones de hongkoneses escapen al contagio proveniente de su gran y amenazante vecino. Así, de manera inesperada, la experiencia ganada en movilizaciones de protesta contra el gobierno habrá servido para identificar la presencia del virus y promover un confinamiento libremente consentido. Nosotros no tenemos el autoritarismo de China ni la organización ciudadana de Hong Kong. Pero podemos hallar nuestra manera propia de armonizar la gestión del gobierno con las iniciativas de la población. Lo que supone mitigar los errores del primero y la indisciplina de la segunda.

A medida que se acerca el fin de la cuarentena se hace más urgente tener planes y protocolos claros para la reactivación económica de cada uno de los sectores. La ministra de Economía y Finanzas concede una larga entrevista a La República en la que afirma una convicción fuerte: “El Perú no puede estar entre los primeros países de la región en manejo macroeconómico y entre los últimos en manejo de instituciones y en calidad de los servicios públicos”. María Antonieta Alva elogia la motivación creciente de jóvenes con buena formación académica que optan por el servicio público.

Reprueba que pese a las clamorosas brechas sociales se haya tenido un nivel bajo de ejecución presupuestal. Y asegura que superada la crisis se retomará el énfasis en el plan de competitividad y el de infraestructura. Alva se muestra convencida del plan para reducir el desempleo generado “por el coma inducido que se aplicó a la economía para defender a la población de la pandemia”. Y reconoce el papel crítico jugado por el sector privado, al que renueva su política de puertas abiertas. La ministra se refiere también al presidente Vizcarra de quien dice: “Su interés auténtico es sacar adelante al Perú, sin grupos de poder detrás ni agendas escondidas, algo que valora la ciudadanía y que yo admiro mucho en él”.

Algunos elementos de la encuesta nacional realizada por IPSOS por encargo de RPP, Perú 21 y América Televisión parecen confirmar las premisas de la ministra. La mayoría teme más la caída de ingresos económicos que al coronavirus. Y considera que los comerciantes y las autoridades distritales son los principales responsables de la alta tasa de contagio en los mercados. Alfredo Torres, presidente de IPSOS explicó los alcances de la encuesta en Ampliación de Noticias.

Las cosas como son