Una vez más, una noticia judicial llegada desde el extranjero pone en evidencia nuestros disfuncionamientos y divisiones. La Justicia española ha decidido conceder la extradición del ex juez César Hinostroza, quien buscó asilo en España, pretextando ser víctima de una persecución política. Los jueces de la Audiencia Nacional han reconocido la independencia de poderes que define el Estado de Derecho y consideran que Hinostroza debe ser juzgado en el Perú por tres graves cargos: tráfico de influencia, negociación incompatible y patrocinio ilegal. Sin embargo, el auto firmado por tres magistrados no halla indicios suficientes para juzgarlo también por pertenencia a organización criminal.
La Procuraduría precisa que incluso después de la extradición, el Estado peruano podría pedir que se amplíen los cargos judiciales, como por lo demás, es ya el caso con la solicitud de introducir el cohecho activo (soborno a funcionarios de Migraciones) cometido para fugarse del Perú. Algunos penalistas temen que el no poder juzgar a Hinostroza por organización criminal, pueda beneficiar a otros imputados que la Justicia peruana considera miembros de la red que Hinostroza lideraba en su condición de juez supremo. Otros atribuyen el rechazo español a la decisión del Congreso de no incluir organización criminal a los otros exconsejeros del CNM entre las razones de la acusación constitucional.
El congresista Mauricio Mulder ha replicado a esas críticas con un clásico sofisma ad hominem: “¿Qué autoridad tiene el Procurador Amado Enco? Él es solo un sicario judicial al servicio del gobierno”. El caso Hinostroza debe servirnos para comprender la inevitable internacionalización de los Estados contemporáneos: en materia judicial, como en Derechos Humanos, medio ambiente y acuerdos económicos, más nos vale respetar los estándares internacionales si queremos que nuestro Estado sea respetado y su voz escuchada.
El paro agrario
Mientras tanto, se ha producido en la mayoría de las regiones de nuestro país un paro agrario, acatado por pequeños y medianos productores que sienten que desde hace décadas el Estado solo ha respaldado a los grandes agroexportadores. Los dirigentes de Conveagro y de las Juntas de Regantes, se quejan de no haber sido recibidos por las autoridades. Al hacerlo desconocen que desde su entrada en funciones, la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, anunció un énfasis nuevo en la agricultura familiar y en la reconversión productiva. La ministra convocó a los principales dirigentes gremiales el martes pasado, pero decididos a impulsar el Paro, optaron por no asistir a la convocación. Los agricultores carecen de una organización gremial representativa, pese a los esfuerzos de Clímaco Cárdenas. Pero es verdad que la agricultura y la ganadería constituyen la principal fuente de trabajo en nuestro país, además de contribuir con la lucha contra la pobreza y garantizar la biodiversidad de nuestro territorio. En el mejor de los escenarios, el Paro de ayer, pese a sus bloqueos y violencias, puede hacer posible un nuevo clima de diálogo que favorezca a la vez el aumento de la productividad y la justicia social.
Tenis y redes sociales
Un banal incidente en el curso de un partido de tenis en el Masters de Roma plantea la creciente tensión entre el ejercicio de la autoridad y la presión de las redes sociales. El tenista húngaro Marton Fucsovics fue eliminado del torneo por no contestar un saque que cayó sobre la línea blanca de su cancha. Fucsovics cuestionó el fallo del árbitro y fotografió el punto exacto en el que rebotó la pelota. La foto fue subida a su cuenta en Instagram: 80% de los usuarios consideraron que la pelota salió de la cancha y concluyen que se trató de un error del árbitro. Pero, ¿quiénes son sus seguidores de su cuenta en Instagram? Las decisiones de los árbitros no se deben basar en la mayoría de un universo electoral de perfiles poco confiables. Si dejamos de confiar en los árbitros, abrimos la puerta a la arbitrariedad disfrazada de tecnologías de la información.
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