Estamos viviendo una situación que no tiene precedentes en nuestra historia y ningún país del mundo estaba preparado para la expansión rápida de un nuevo tipo de virus contagioso y letal.

El liderazgo es la principal necesidad en tiempos de amenaza sanitaria, incertidumbre económica y riesgo de protestas sociales. Los ciudadanos necesitan conocer los objetivos por los que se limita sus libertades y en la mayoría de los casos se les impide trabajar. Estamos viviendo una situación que no tiene precedentes en nuestra historia y ningún país del mundo estaba preparado para la expansión rápida de un nuevo tipo de virus contagioso y letal. No existe por ahora vacuna, ni medicamentos seguros para curar a los infectados. El Perú ha destacado por la rapidez con que tomó medidas drásticas, antes de que se produjeran las primeras muertes. Al cabo de dos semanas de cuarentena y toque de queda, vivimos en la expectativa de que la curva del contagio se detenga para poder retomar la actividad económica y permitir la vida normal de las familias. Nada hubiera sido peor que carecer de un liderazgo unificado y coherente.

El contraejemplo lo tenemos en países como Brasil y México. Pero también Estados Unidos, donde las fricciones entre el presidente y algunos gobernadores no pueden sino desorientar a los ciudadanos y limitar su disposición al sacrificio. Lo ha repetido el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, artífice de una de las más exitosas gestiones contra los efectos del coronavirus: “Lo más importante es que haya información y transparencia, para que los ciudadanos puedan confiar en que lo que se les impone es necesario”. Lee ha destacado la importancia de la prensa, que hoy atraviesa dificultades económicas para garantizar su sostenibilidad. La organización Reporteros sin Fronteras ha llegado a decir que el estallido del contagio en China hubiera podido ser mejor controlado si su prensa fuera libre.

La misma transparencia que ha inspirado las decisiones sanitarias, debe prevalecer en la política económica y de seguridad ciudadana. En espera de una estrategia integral, el gobierno aplica un plan de contención, entregando por ejemplo bonos para aliviar a las familias más vulnerables. Por su parte, el presidente del Banco Central, Julio Velarde, ha afirmado que la prioridad es evitar que se quiebre la cadena de pagos, lo que impediría que cuando salgamos de la cuarentena se pueda relanzar la actividad de las empresas. Para eso, el gobierno y el Banco Central anuncian la inyección de 30,000 millones de soles en 350,000 empresas que no tienen ingresos pero que siguen teniendo que pagar planillas, gastos fijos y proveedores.

Pero el Congreso ha abierto dos temas que dividen a la opinión pública. El primero tiene que ver con los fondos de la AFPs, puesto que existe la iniciativa de que el 25% de ellos sean entregables a sus titulares. El Banco Central considera que la medida es inoportuna puesto que el valor de los fondos se ha depreciado por la crisis, pero podemos temer que algunos congresistas quieran gozar de la popularidad que genera mostrar hostilidad a las AFPs.

En materia de seguridad ciudadana, el Congreso promulgó una ley que había sido elaborada por los congresistas disueltos, pero que Vizcarra no quiso promulgar. Bajo el concepto de proteger a los policías y militares que causen lesiones o muertes en el marco del Estado de Emergencia, se les exime de la posibilidad de ser sometidos a prisión preliminar o preventiva. La ley llevará probablemente a una disputa ante el Tribunal Constitucional. El presidente del Congreso, Manuel Merino, ha intentado una justificación poco convincente: “La ley la encontramos puesto que la Comisión Permanente del interregno se abstuvo de pronunciarse. No ha sido elaborada por nosotros, pero estábamos obligados a promulgarla”. Ya veremos lo que dicen los jueces constitucionales.

Las cosas como son