Hoy tendrá lugar el primer paso hacia la instalación del nuevo Congreso. La congresista más votada del partido más votado (Mónica Saavedra), el congresista de mayor edad (Enrique Chacón) y la de menor edad (María Isabel Bartolo) integrarán la Junta Preparatoria que tomará la posta de la Comisión Permanente, única institución parlamentaria que mantuvo su actividad durante el período de interregno. Pese a las condiciones inéditas y turbulentas generadas por la disolución, hemos sido capaces de organizar elecciones que arrojaron resultados indiscutidos y, salvo imprevisto, el nuevo Congreso quedará instalado menos de dos meses después de las elecciones del pasado 26 de enero. Podemos felicitarnos de que por lo menos hayamos sabido respetar las formas y dejar atrás actos como la juramentación de Mercedes Araoz y la retórica inflamada contra “el usurpador” Martín Vizcarra. La Comisión Permanente sesionó veinte veces y pudo revisar 66 de los 68 Decretos de Urgencia publicados por el gobierno, al amparo del articulo 135 de la Constitución. Y todo esto ha tenido lugar antes, durante y después de una resolución histórica del Tribunal Constitucional y pese al clima de incertidumbre provocado durante las últimas semanas primero por los desastres naturales y luego por la presencia del coronavirus. Sin mencionar el contexto creado por las investigaciones del caso Lava Jato con su cortejo de prisiones preventivas, colaboradores eficaces y revelaciones sobre pagos ilegales.
Tenemos la prueba de que cuando queremos podemos hacer las cosas de manera organizada y sobreponernos a comprensibles irritaciones e incluso a fundados temores. Lo mejor para el Perú es que todas las denuncias sean investigadas con rigor e imparcialidad, que conozcamos la identidad de los que cobraron de Odebrecht usando seudónimos y que sepamos quiénes obraron de verdad contra la corrupción y quiénes desplegaron maniobras para dificultar la acción de jueces y fiscales.
Entre los temas pendientes de aclaración judicial figura el caso del Gasoducto del Sur, al cual el periodista Ricardo Uceda consagra su acuciosa columna semanal en La República, El Informante. Se trata de la más grande inversión de Odebrecht en el Perú, destinada a consolidar nuestra seguridad energética, garantizar precios bajos de energía y promover el desarrollo en la contestaria macroregión sur de nuestro país. La fiscal Geovana Mori cree discenir la existencia de una organización criminal encabezada por el expresidente Humala y su esposa para favorecer a la empresa brasileña, que habría financiado la campaña del Partido Nacionalista. La Fiscalía sostiene que hubo funcionarios que fueron coimeados. Pero Uceda hace notar que el exministro Luis Miguel Castilla se opuso a que el Estado financiara al consorcio ganador, por lo que no existirían suficientes indicios para llevarlo a juicio oral. Castilla es un caso raro entre nuestros doctores en Economía porque ha dedicado toda su carrera al servicio público o a organizaciones multilaterales. Precisamente debió renunciar al BID para presentarse ante la Fiscalía, que le impidió salir del país.
Terminemos citando el caso de un país en el que la política se ejerce sin partidos, con armas letales y al interior de la familia real: Arabia Saudita. La monarquía petrolera atraviesa una época dificil por el derrumbe del precio del petróleo y la agudización de su rivalidad con otro gran productor, Rusia. En estas circunstancias, el principe heredero, Mohamed ben Salman, ha aprovechado para deshacerse de dos rivales. Nada menos que un hermano del viejo rey y el ex jefe de los servicios de inteligencia. Ben Salman ya dio muestras de su falta de escrúpulos con el asesinato del periodista Kasoggi. Y más recientemente la Justicia de Estados Unidos lo acusó de haber pagado a ejecutivos de Twiter para obtener información sobre sus adversarios. ¡Y decir que todo esto sucede en la tierra santa del Islam, donde reposan los restos del Profeta Mahoma.
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