La compleja trama de corrupción que llamamos Lava Jato le viene costando al Perú mucho dinero, pero también el descrédito de sus élites y el aletargamiento de su gestión pública. Todo está bajo sospecha y podrá llegar el momento en que todo proyecto de inversión pública sea percibido a priori como un motivo para estafar en vez de una iniciativa para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Por importante que sea, la lucha contra la corrupción no puede acaparar todas las energías del gobierno y de la clase política. Es cierto que es impresionante la cantidad de ministros que han tenido que renunciar por investigaciones o denuncias, pero también es cierto que la tarea de los gobernantes es asegurar las necesidades básicas de la población: seguridad, salud, educación, empleo. A medida que se acerca el inicio del año escolar, se acrecienta la presión de los padres de familia que aspiran a contar con escuelas cuya calidad académica y física estén a la altura de las ilusiones que todos los padres desarrollan por el futuro de sus hijos. Y mientras se multiplican las noticias sobre violencia, crímenes y epidemias, sentimos con mayor intensidad la necesidad de saber que a la cabeza de los ministerios del Interior y de Salud hay dirigentes comprometidos día y noche con su sector.
En estas circunstancias, la agenda económica aparece distante y desdibujada. ¿En qué quedaron los planes de competitividad e infraestructura que el gobierno presentó con énfasis antes de la disolución del Congreso? Es como si el crecimiento de nuestro PBI dependiera ahora de la expansión del coronavirus. Por importantes que sean el alza del dólar y las exportaciones a China, debemos mantener las condiciones propicias a la inversión: seguridad jurídica, diversificación productiva, mejoras de competitividad, reducción de las brechas de infraestructura. El próximo mes de abril, cuando se reactualice el Marco Macroeconómico Multianual, sabremos cuánto va a caer el 4% de crecimiento que se proyectó en agosto pasado. Por lo pronto, pesarán sobre su caída la postergación de tres proyectos mineros de los que da cuenta Gestión: Michiquillay de 2,500 millones de dólares, Pampa de Pongo de 2,200 millones de dólares y Anubia en Apurímac. Los ingresos tributarios de origen minero cayeron el año pasado en 18% respecto de lo recaudado el año anterior. Tampoco ayuda que se haya anunciado una nueva Ley general de minería, cuyos términos no han sido definidos.
Las relaciones de nuestro país con Eslovaquia son escasas, pero los resultados de sus elecciones pueden permitirnos sacar algunas lecciones. Un partido nuevo, el llamado Partido de la gente común, se ha impuesto a los partidos que han gobernado desde la partición de Checoslovaquia en 1993. Su tema único ha sido la lucha contra la corrupción, atribuida sobre todo a la socialdemocracia, de larga vigencia política en este país eslavo y católico de 5 millones de habitantes. El probable próximo primer ministro, Igor Matovic, supo aprovechar la conmoción producida por el asesinato del periodista Jan Kuciak, quien adquirió notoriedad por su investigación de complicados casos de corrupción organizada. Aunque no hay todavía condenas, la justicia cree que se trató de un crimen por encargo financiado por un empresario vinculado a medios de prensa. Matovic dejó de lado su retórica conservadora y se apoyó sobre la indignación ciudadana contra la corrupción, sin definir un programa viable ni romper con el populismo. La fórmula que le aseguró éxito electoral remite a viejas leyendas medievales y a un animal imaginario, emblemático de la lucha contra el mal: “Hemos despertado al dragón dormido, a esos más de dos millones de personas que no querían votar. Pero, en realidad, la muerte del periodista Jan Kuciak y de su novia fue lo que despertó a Eslovaquia".
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