Los recientes episodios de las investigaciones a figuras políticas de diferentes orientaciones, incluidos dos ministros del actual Gabinete podrían llevar a creer que todas las personas comprometidas en asuntos públicos son deshonestas y sus detractores capaces de caulquier cosa para deshacerse de ellos. Hay que reafirmar que no es así. Es cierto que la corrupción existe desde el inicio de nuestra República y que la tentación es grande en un país que no asegura la calidad de sus servicios públicos de educación y de salud. Es fácil informar sobre jueces y fiscales prevaricadores, médicos que no cumplen con sus horarios, funcionarios que reciben coimas y contratos que se inflan en beneficio de empresas corruptas y políticos cínicos.
Es mucho más difícil destacar el esfuerzo del personal que se halla en la línea de frente para detener la expansión del dengue o impedir la llegada a nuestro país del coronavirus. Las malas noticias son siempre más atractivas que las cosas que se hacen bien y los funcionarios que ejercen su trabajo inspirados por valores. Debemos apreciar a las personas investigadas o detenidas que, lejos de denigrarlos, reiteran su respaldo a los fiscales y su esperanza de que las investigaciones culminen con sentencias rápidas y rigurosas. Es natural que cada imputado se defienda como pueda y que recurra a desacreditar a la institución judicial. Por eso lo más importante es que se realicen cuanto antes los procesos y que ellos lleguen a sentencias que todos debemos aceptar.
La corrupción comienza con pequeños cobros y llega a sus formas de mayor envergadura en organizaciones criminales, entre las cuales las más nocivas son las que tienen que ver con el tráfico de drogas y el lavado de activos. El tema parece tabú en nuestro país y de hecho la mayoría de los casos que tienen que ver con el narcotráfico avanza con extrema lentidud. Por eso importa destacar las revelaciones del diario El Comercio sobre lo que está pasando a lo largo de nuestra frontera con Colombia, es decir los 1,500 kilómetros del río Putumayo. Patrullas conjuntas de la Policía y la Fuerza Armada han desmantelado dos laboratorios de cocaína establecidos en el distrito de San Pablo, Loreto. Ahí encontraron barriles de gasolina y armas de guerra robadas hace cuatro años en el puesto militar de Quistococha.
Desde luego las complejas relaciones entre la política, la corrupción y la justicia no son privativas del Perú. Lo hemos visto estos días durante la tercera elección celebrada en Israel en el curso de los últimos 12 meses, porque los resultados no han permitido a ninguno de los dos campos formar una mayoría estable de gobierno, es decir superar la cifra mínima para tener mayoría en el parlamento unicameral de 120 escaños. Por lo pronto la bancada que más ha aumentado es la integrada por árabes israelíes, hostil sobre todo al compromiso del primer ministro Benyamin Netanyahu de anexar nuevos asentamientos judíos en territorio palestino. Pese a todo, Netanyahu podría recibir el encargo de formar gobierno, pocos días antes de que la Corte Suprema decida si le imputa graves cargos de corrupción, lo que conduciría naturalmente a un enfrentamiento entre poderes. Así termina una nueva campaña dominada por ataques personales y la manifiesta voluntad de Netanyahu de usar la política para evitar ser juzgado, como solicita la Fiscalía. El propio presidente de Israel, Reuven Rivlin, ha expresado vergüenza por los niveles de “inmundicia” alcanzados en el debate político, en particular para descalificar al ex jefe del ejército Benny Gantz, líder centrista y principal contendor de Netanyahu. Al parecer se habría utilizado grabaciones clandestinas hechas por un rabino para desacreditar a Gantz. El presidente Rivlin concluyó afirmando ante la prensa algo que también podriamos decir nosotros: “Simplemente no nos merecemos esto”.
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