La Junta Nacional de Justicia es la más reciente institución del Estado y quizás se convierta en la primera que tome decisiones sancionadoras decisivas en el marco de la lucha contra la corrupción. Si fuera el caso podremos felicitarnos de haber asistido a un largo y difícil parto, pero cuyo fruto está destinado a restablecer nuestra confianza en las instituciones. Colegiado independiente y plural creado por mandato de un referendo popular, la Junta ha optado por un “procedimiento disciplinario inmediato”, tal como lo faculta su reglamento. Se trata de acciones sobre dos fiscales supremos, Pedro Chávarry y Tomás Aladino Gálvez, a quienes se atribuye relaciones con la organización criminal los Cuellos blancos del puerto. La Junta se pronunciará sobre el deslacrado ilegal en oficinas de la Fiscalía, pero tambien sobre las irregularidades en el nombramiento de Chávarry. Por su parte se atribuye a Tomás Aladino Gálvez tráfico de influencias y negociación incompatible, tal y como evidencerían algunos de los audios en poder de la Fiscalía. Si ambos fiscales supremos no han recibido aún ninguna sanción, se debe sin duda a la desaparición durante más de un año del organismo encargado de nombrar, ratificar y revocar a jueces y fiscales, que ahora se llama Junta Nacional de Justicia.
También se ha abierto procedimiento disciplinario a más de cien jueces y fiscales, entre los que figuran el juez supremo César San Martín. Las decisiones que tome la Junta Nacional serán una señal clara de la voluntad de reformar la Justicia y separar a quienes han usado el poder jurisdiccional en beneficio de intereses privados o grupos políticos. Comenzar por la cabeza del Poder Judicial y la Fiscalía permite esperar que el mensaje llegue a todos, porque como sabemos la negligencia y la corrupción se difunden con más facilidad que las virtudes republicanas. La indolencia de los fiscales en el caso de la asesinada Solsiret Rodríguez ya no será protegida por la impunidad. La reforma de la Justicia es la madre de todas las reformas, porque solo los jueces y fiscales pueden establecer quién delinque y quién respeta la ley, caiga quien caiga.
Y mientras el Perú se prepara para la instalación de un nuevo Congreso, vale la pena observar los procesos electorales en dos países de nuestro continente. En primer lugar, Bolivia, donde la postulación de la presidenta provisional ha alterado la correlación de fuerzas, desligitimando las críticas contra el continuismo que practicó Evo Morales. Jeannine Añez accedió a la presidencia después de la renuncia de Evo Morales y se comprometió a no postular, pero su promesa no ha sido mantenida. Desde ya el candidato promovido por Morales, el exministro Luis Arce aparece primero en algunas encuestas, aunque no parece probable que pueda reunir la votación requerida par ser elegido en la segunda vuelta. En lo que fue la oposición, los votos están divididos entre el expresidente Carlos Mesa, que enfrentó con vigor a Morales en octubre pasado, y la presidenta provisional. Pero ya sabemos que la incapacidad de unirse de las fuerzas antiautoritarias suele beneficiar a partidos como el Movimiento al Socialismo, que se quedó en el poder durante catorce años.
Mientras tanto en Estados Unidos el partido republicano se beneficia de los buenos indicadores económicos y del amplio respaldo a Donald Trump, que logró esquivar sin mayores daños el procedimiento de destitución. Los precandidatos del partido demócrata polemizan entre sí, como si no tuvieran al frente a un rival que ya los derrotó hace cuatro años. El ingreso a la campaña del multimillonario Michael Bloomberg podría reforzar las posiblidades del ala izquierda del partido demócrata, encarnada en Bernie Sanders. ¿Podría un senador con inclinaciones socialistas de 78 años derrotar a Trump, cuya retórica populista ya dio muestras de eficacia electoral? Lo sabremos en noviembre.
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