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Diálogo político y allanamiento fiscal

El presidente Martín Vizcarra sostuvo ayer reuniones con cuatro organizaciones políticas que tendrán bancadas en el Congreso. La mayoría de los asistentes eran virtuales congresistas, pero APP y Podemos asistieron liderados por sus respectivos fundadores.

04 de febrero del 2020
Fernando Carvallo
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El presidente Vizcarra realizó las primera reuniones. | Fuente: Andina | Fotógrafo:

El presidente Martín Vizcarra sostuvo ayer reuniones con cuatro organizaciones políticas que tendrán bancadas en el Congreso elegido el pasado domingo 26. La mayoría de los asistentes eran virtuales congresistas, pero APP y Podemos asistieron liderados por sus respectivos presidentes fundadores, César Acuña y José Luna GálvezSomos Perú y Fuerza Popular enviaron solo congresistas, pero Martha Chávez no integró la delegación fujimorista, pese a ser la congresista de su partido con mayor votación. Los voceros no han sido muy explícitos sobre los temas que se abordaron en sus respectivas reuniones, aunque los cuatro se refirieron a las prioridades propuestas por el presidente desde julio del 2018: lucha contra la corrupción, reforma política y reforma judicial.

A ellas añadieron temas de sus propias agendas, e particular Fuerza Popular que mencionó sobre todo la seguridad ciudadana y la ley de protección a policías. Faltan todavía las reuniones con otras cuatro bancadas, puesto que UPP ha reiterado su rechazo a aceptar la invitación del presidente. La razón que se invoca es la identificación con Antauro Humala, quien ha sido condenado a 19 años por participación en la insurrección de Andahuaylas y homicidio a cuatro policías. Sigue siendo incierto quiénes serán los integrantes y los temas de Acción Popular, porque el partido fundado por Fernando Belaunde posee diferentes corrientes que discrepan en su visión de las prioridades y en la valoración del gobierno de Vizcarra.

Mientras tanto, la fiscalía llevó a cabo un nuevo allanamiento del local de Fuerza Popular. El fiscal José Domingo Pérez dio cuenta de la incautación de un documento original de un perito de la policía relativo al financiamiento de las campañas del partido fujimorista. Por su parte, los dirigentes de Fuerza Popular, incluyendo a la propia Keiko Fujimori reiteraron la tesis de “la obsesión” de la Fiscalía con el fujimorismo y la supuesta persecución para impedir la actividad política de Keiko Fujimori.

El exministro de Economía Luis Miguel Castilla rompió su silencio para referirse a las imputaciones de haber favorecido a Odebrecht en el proyecto Gasoducto del Sur. Castilla negó haber mantenido reuniones con Nadine Heredia a propósito de ese proyecto, aunque reconoció que la esposa del presidente jugaba un papel para convencer a la bancada humalista de respaldar los proyectos del ministerio. Castilla fue ministro durante los tres primeros años de la presidencia de Humala, sin haber conocido al ex presidente antes de su nombramiento y sin ser miembro de su partido. Castilla defendió el valor del proyecto del Gasoducto y negó las cifras que fueron denunciadas en su momento por Alan García. Radicado en Washington pero presente en el Perú para declarar ante la Fiscalía, Castilla respaldó el trabajo de los jueces del equipo Lava Jato, pero rechazó los cinco cargos que la Fiscalía ha formulado contra él.

Hoy, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial de lucha contra el cáncer, instituido por la Organización Mundial de Salud para ampliar la conciencia sobre la gravedad de una enfermedad que es una de las primeras causas de mortalidad en todas las regiones del mundo. En otras oportunidades, la consigna del Día se dirigía a factores que producen cáncer como el tabaquismo o la falta de actividad física. Pero este año se ha escogido un ángulo diferente: la prevención temprana. La experiencia muestra que la mayor parte de casos de cáncer puede ser curada, si la medicina interviene antes de que el cáncer haya avanzado en el proceso de desarreglo celular y de metástasis a diferentes órganos del cuerpo. La OMS promueve el despistaje generalizado y hace notar que curar resulta más caro y más incierto para las personas y el Estado que generalizar el despistaje temprano.

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