Es positivo que el Ejecutivo y los nuevos congresistas impriman un ritmo rápido a su acción política, habida cuenta de la brevedad que tendrá el mandato del próximo Congreso.

Este lunes comienza la ronda de reuniones del presidente de la República con las bancadas elegidas en las elecciones del domingo pasado. Es positivo que el Ejecutivo y los nuevos congresistas impriman un ritmo rápido a su acción política, habida cuenta de la brevedad que tendrá el mandato del próximo Congreso, apenas 16 meses. De las nueve bancadas, solo una ha rechazado la propuesta de diálogo, la de UPP. En su nombre, Virgilio Acuña ha dicho que ellos representan a Antauro Humala, quien no hubiera aceptado reunirse con un presidente que, según él, no está comprometido con los cambios sociales del país. Tomamos nota de que la UPP ha optado por una actitud obstruccionista y recalcitrante.

El éxito del diálogo dependerá de la capacidad de los actores para definir objetivos precisos y actuar en función de intereses políticos comunes, que tienen que ver con las elecciones generales de abril del próximo año. El interés de Acción Popular, en tanto que partido más votado, es articular una coalición de centro que aísle a minorías obstruccionistas y que pueda mostrar resultados de su desempeño en el parlamento. Así parece entenderlo el presidente en ejercicio de ese partido, Mesías Guevara, quien declara en La República: “Si esta bancada hace lo mismo que la anterior, vamos rumbo al fracaso el 2021”. Algo semejante escribe Raúl Diez Canseco en el mismo diario: “O conversamos y nos ponemos de acuerdo o la clase política se irá fragmentando y desgastando de manera inversamente proporcional al enojo ciudadano”. Diez Canseco afirma que los partidos tienen que asumir dos agendas. Una, legislativa: reforma política, elección de jueces constitucionales, bicameralidad y reglamentación de la inmunidad parlamentaria. Y otra, la agenda del país: educación, salud, seguridad y reactivación económica. En los próximos días sabremos si Acción Popular recupera su unidad y logra actuar como factor de forja de una mayoría de centro capaz de promover ambas agendas. Por su parte, el presidente Vizcarra reitera a La República sus prioridades en materia de reforma electoral y judicial y da explicaciones sobre dos temas altamente polémicos: el anuncio de la creación de una división policial encargada de delincuencia cometida por extranjeros y el aparatoso allanamiento a la vivienda de una periodista del diario Expreso. Sobre lo primero parece aportar solo un tímido apoyo administrativo a la iniciativa del ministro del Interior. Sobre lo segundo, Vizcarra afirma: “Me parece desproporcionada esa intervención”. Y se dice en espera de las informaciones que le aportará el ministro Morán, quien le habría dicho que “si había un error o negligencia, iba a hacer las correcciones del caso”. El Consejo de la Prensa, IPYS y numerosas asociaciones han deplorado las condiciones del allanamiento, que ya no se puede corregir. Lo que sí se puede hacer es dar explicaciones creíbles y precisar quién tomó la decisión y porqué. Lo que debe ser rechazado con la mayor energía es toda forma de amedrentamiento a la prensa crítica u opositora.

En el plano internacional, hoy comienzan en el Estado de Iowa las elecciones internas del Partido Demócrata de Estados Unidos. Los comicios se inician mientras se acerca a su fin el juicio de destitución que enfrenta el presidente Donald Trump en el Senado, bajo la autoridad del Presidente de la Corte Suprema, John Roberts. Ya sabemos que los senadores republicanos se han mantenido firmes en rechazar la presencia de testigos que los diputados demócratas reclaman. El Senador Lamar Alexander, que se presumía tentado por un voto de conciencia no partidario, declaró para disipar toda duda: “Si Trump continúa en el cargo o no debe depender del voto popular de noviembre y no del Senado”. Suena bien, pero ¿qué sucedería si Trump estuviera en segundo mandato o no postulara a la reelección?

Las cosas como son