Once días antes de las elecciones congresales, el Jurado presidido por el cuestionado juez supremo Víctor Ticona acaba de decidir que no se anulará la inscripción de los partidos que no superen la valla del 5%. En virtud de esa decisión, tendremos en las elecciones del 2021 la misma cantidad de partidos que tenemos actualmente, es decir 24. Sabemos muy bien que algunos de esos partidos son solo cáscaras que se utilizan como vientres de alquiler. Y sabemos también que la proliferación confunde a los electores, incapaces de identificar a unos y otros. La existencia de partidos que salen de su letargo solo cuando hay elecciones perjudica a los partidos que de verdad cumplen su vocación de formación de cuadros, elaboración de planes de gobierno y presencia crítica permanente.
Pues bien, el argumento hallado por el Jurado Nacional para contribuir con la confusión es que la ley se aplica solo en elecciones generales y no en elecciones congresales extraordinarias como las del 26 de enero. Si el argumento es tan evidente, uno no puede dejar de preguntarse: ¿porqué el Sr. Ticona ha dejado pasar más de tres meses desde la convocatoria y anuncia ahora su decisión cuando ya se ha iniciado la franja electoral y hasta los debates que su Jurado organiza?
Como la política económica parece estar irresponsablemente ausente de la campaña electoral, conviene destacar un artículo publicado por Alonso Segura en Gestión. Es cierto que no vamos a votar por un nuevo presidente, pero hemos visto muy bien cómo un mal desempeño parlamentario puede impulsar leyes populistas que desequilibran el presupuesto, traban la inversión, fragilizan instituciones como EsSalud, favorecen intereses particulares y solo satisfacen expectativas de corto plazo de sectores de la población. Segura advierte contra los riesgos de “la erosión de la credibilidad fiscal” y alude a una “historia de desaciertos que remonta al año 2016”, pero que se prolonga en recientes Decretos de Urgencia, incluyendo el 040 que, según él, “autorizó la reducción de los marcos presupuestales en montos significativos”.
El economista Enzo Defilippi utiliza el original concepto de “regulación pro-competitiva” para referirse al Decreto de Urgencia que obliga a los colegios privados a devolver una parte proporcional de la cuota de ingreso en caso de retiro o traslado de los alumnos. Rompiendo los esquemas maniqueos asociados con el liberalismo y el intervencionismo estatal, Defilippi parece esforzarse por enraizar su pensamiento económico en lo que sucede en la realidad del terreno, en este caso el terreno escolar. Afirma por eso que las crecientes cuotas de ingreso venían funcionando como “barreras a la movilidad de los estudiantes, convirtiéndolos así en clientes cautivos a quienes se les puede aumentar la pensión sin temor a que se vayan”. Defilippi compara sagazmente esa medida con la autorización a “cambiar el proveedor de telefonía celular manteniendo el mismo número”. Y constata: “Luego de su implementación, estas empresas han tenido que esforzarse mucho más para mantener a sus clientes”. Y por eso sostiene que se trata de una “regulación pro-competitiva”.
Pese a todo, el articulo publicado en El Comercio concluye que todavía estamos lejos de contar con “el sistema educativo que necesitamos”, tanto más que “ninguna medida que mejore la educación privada va a sustituir la necesidad de contar con colegios y universidades públicas de calidad”. La reflexión del también ex-viceministro de Economía parece responder a la tesis de la historiadora Carmen McEvoy: el liberalismo fracasó en el Perú a lo largo del siglo XIX porque no entendió las circunstancias sociales en las que quería aplicar sus doctrinas.
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