El día de hoy, a partir de las 9:30, seremos testigos de un momento excepcional de la historia del derecho constitucional en nuestro país. Los siete magistrados del Tribunal Constitucional van a deliberar antes de adoptar una sentencia sobre la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea. Lo que está en juego es establecer si el presidente de la República estaba o no constitucionalmente habilitado para disolver el Congreso. Desde ya los jueces han aceptado que la sesión sea difundida en directo, por considerar que se trata de un tema que merece ser comprendido por todos los ciudadanos. La deliberación se llevará a cabo a partir de la ponencia presentada por el magistrado Carlos Ramos, quien concluye su largo documento con la propuesta de que se declare infundada la demanda. Según Carlos Ramos el Ejecutivo tenía derecho a: 1) Presentar un proyecto de ley para modificar la modalidad de elección de los jueces constitucionales. 2) A someter ese proyecto de ley a la cuestión de confianza. 3) A considerar que el Congreso rechazó en los actos la confianza solicitada. 4) A disolver el Congreso a través de un Decreto Supremo refrendado por el por entonces flamante primer ministro Vicente Zeballos.
Como sabemos, esas cuatro tesis son cuestionadas por algunos especialistas y ex miembros del Tribunal Constitucional, pero las opiniones están divididas en esas dos categorías, así como entre los ciudadanos y los partidos políticos. Cualquiera sea la sentencia adoptada, lo que debemos exigir de los jueces constitucionales es que razonen de acuerdo a consideraciones jurídicas y que cada uno de ellos deje de lado las respectivas inclinaciones y lealtades políticas e ideológicas. Como sabemos, según se vote en un sentido u otro, el presidente Vizcarra quedará justificado o la antigua mayoría parlamentaria reivindicará su imagen ante la historia. En ambos casos, la sentencia podría tener repercusiones en el voto de los ciudadanos, tanto más que las elecciones congresales extraordinarias son precisamente fruto de la disolución y la consecuente convocatoria a elecciones para completar el período parlamentario de cinco años. Lo que no es tolerable, es que alguna de las partes se declare en desacato frente a la sentencia, cualquiera que ella sea.
Mientras tanto, la campaña electoral continúa y los otros poderes del Estado mantienen su funcionamiento. Desdichadamente reclamos laborales, en particular sobre remuneraciones, proyectan sombras sobre el Poder Judicial y más aún sobre dos organismos electorales: la ONPE y sobre todo RENIEC, que de mantener su huelga indefinida impediría que muchos ciudadanos obtengan su documento de identidad y en consecuencia puedan ejercer su derecho al voto.
Por su parte el ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza Cuadra, continúa con una gira que comenzó en México y lo llevó a varios países del Caribe, antes de culminar en Guatemala. El objetivo es respaldar la candidatura del Embajador Hugo de Zela para ocupar el puesto de Secretario General de la OEA. Un peruano, Javier Pérez de Cuéllar, ejerció con competencia dos mandatos como Secretario General de la ONU, pero a diferencia de los otros países de nuestra importancia, nunca hemos hemos obtenido la Secrataría de la OEA. La razón es simple: las candidaturas o no fueron respaldadas o fueron saboteadas por el propio Estado. Eso sucedió con Valentín Paniagua y se volvió a producir con Diego García Sayán. Esta vez, el Estado respalda plenamente a quien fuera viceministro hasta el año pasado. Después de ciertas críticas iniciales, ahora parece contar con un amplio consenso, incluyendo respaldos recientes de Rafael Roncagliolo y Walter Albán. Se puede discrepar sobre temas de política interna, pero debemos coincidir sobre la necesidad de reforzar nuestra posición en la escena internacional. Vale la pena por eso recordar una frase que solía repetir el General De Gaulle: “Los estados no tienen amigos, tienen intereses”.
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