"¿Quién en efecto podría no estar de acuerdo en cerrar la brecha que significa que en nuestro país hayan todavía 4 millones de compatriotas que, careciendo de toda protección sanitaria, pueden morir de enfermedades curables?".

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Respetando una tradición que remonta a 1963, el presidente Vizcarra anunció ayer que el 2020 llevará como nombre oficial “Año de la universalización del acceso a la salud”. El objetivo de esa denominación es destacar ante todos los actores del Estado y la sociedad un objetivo público que genere consenso si no unanimidad. ¿Quién en efecto podría no estar de acuerdo en cerrar la brecha que significa que en nuestro país hayan todavía 4 millones de compatriotas que, careciendo de toda protección sanitaria, pueden morir de enfermedades curables? Es obligatorio que el nombre oficial figure en el encabezamiento de todos los documentos públicos, es decir los producidos por oficinas y agentes del Estado.

La lista de denominaciones que comenzó hace 58 años con “Año de la lucha contra la alfabetización”, es un indicio de las prioridades de políticas públicas o memoriales que han adoptado los sucesivos gobiernos, con la excepción de tres años, en los que a falta de imaginación o de diligencia se vieron privados de nombre oficial. El anuncio lo hizo Vizcarra en el Cusco, donde afirmó también que el Hospital regional Lorena será declarado prioridad nacional. En efecto la modernización de ese viejo hospital se ha visto paralizada a causa de la tara que dio lugar al nombre del año pasado: La lucha contra la corrupción. La situación del hospital Lorena es la prueba más extrema de los excesos ignominiosos que los fiscales sacan a luz con mil dificultades: funcionarios y empresarios de la construcción se pusieron de acuerdo para enriquecerse privando a los enfermos de un lugar adecuado para ser curados.

La mejora de los servicios de salud supone invertir en infraestructura y tecnología, pero sobre todo en el personal que requiere ser remunerado de acuerdo a su mérito y al nivel de sus competencias. Los servicios sociales, como la salud y la educación, requieren una economía sana, una gestión eficaz y un sistema justo y eficiente de recaudación. Por eso es importante la advertencia lanzada por el economista Roberto Abusada en El Comercio: “Nos han faltado reformas y nos ha sobrado acrimonia política en medio de una falta de liderazgo pavorosa. Y lo más importante de todo es que no tenemos una visión de país que percole hacia toda la sociedad, energizándola para que esa visión se torne realidad. No hemos visto una sola reforma económica, mientras que la reforma política y la reforma judicial han sido simples bromas de mal gusto”, concluye Abusada, con manifiesta decepción. Aunque añade un párrafo final: “Ningún país de Latinoamérica está mejor posicionado que el Perú para relanzar su desarrollo. La laboriosidad de su gente y la solidez de su economía ofrecen una oportunidad única. Miremos cuáles son los países que progresan y cuáles son los que se empobrecen, y sabremos lo que nos falta por hacer”.

Mientras tanto la Iglesia de Lima ha sostenido durante esta semana una Asamblea Sinodal convocada por el arzobispo Carlos Castillo. A menos de un año de su nombramiento por el Papa Francisco, el titular de la diócesis de Lima ha querido escuchar a 700 representantes de las 127 parroquias que están en contacto directo con los feligreses que asisten al culto, pero también a las escuelas, los asilos y las organizaciones de ayuda social que la Iglesia brinda en todos los distritos de nuestra capital. El obispo auxiliar Guillermo Elías recordó la pregunta planteada hace doce años por el Papa Benedicto: “¿Qué ha significado la aceptación de la fe cristiana para los pueblos de América Latina y el Caribe?”. Monseñor Elías precisó: “No queremos una Iglesia defensiva que se esté defendiendo contra todo y contra todos, que tenga humildad, que no deje de escuchar, que permita cuestionar”. Su intervención culminó con cinco desafíos, que sin duda explicará mañana el Arzobispo Castillo en el programa Diálogo de Fe de RPP.

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