Pocas veces habremos asistido con tanta expectativa al laborioso nacimiento de una institución pública como ha sido el caso de la Junta Nacional de Justicia. Su origen remonta a la masiva participación en el referendo realizado en diciembre del año pasado y sobre todo al descubrimiento de los graves disfuncionamientos de la institución que la antecedió, el Consejo Nacional de la Magistratura. Las investigaciones fiscales permitían suponer que la corrupción en el Poder Judicial no era fruto de casos aislados, sino que el mecanismo de selección, promoción y remoción de jueces y fiscales respondía a la lógica del prevaricato y la impunidad. La Junta Nacional de Justicia nació por voluntad expresa de los electores que aprobaron su creación con un porcentaje tan contundente como lo era la conciencia de la gravedad de la situación. Se decidió entonces crear una Comisión Especial liderada por el Defensor del Pueblo y compuesta por los titulares del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría y dos rectores elegidos por sus pares. Un primer intento de selección fracasó, pero la Comisión Especial supo reaccionar y diseñar una modalidad de examen que evitara las aleatoriedades de una prueba basada en conocimientos teóricos y generales. Nunca existirá un colegiado de siete personas que no suscite críticas y desconfianza, sobre todo no en el Perú.
Pero a juzgar por las reacciones relativamente moderadas y en espera del pronunciamiento de algunos críticos recurrentes, hay razones para confiar en que por lo menos la mayoría de los siete elegidos es capaz de contribuir con la credibilidad de la Justicia. Es toda una indicación el hecho de que Aldo Vásquez haya sido elegido con unanimidad y con la más alta votación, pese a haber sido ministro de Justicia de Ollanta Humala, quien hoy goza de poco respaldo en el espacio público. Vásquez fue también funcionario durante los dos primeros años del gobierno de Alberto Fujimori, pero fue uno de los pocos que renunció cuando el golpe de Estado de 1992. Durante los últimos años venía ejerciendo funciones académicas en la Universidad jesuita Ruiz de Montoya, que ha puesto énfasis precisamente en la lucha contra la corrupción.
Los siete elegidos son abogados que proceden de universidades diferentes y alternan en sus currículos una formación universitaria avanzada con experiencia de la práctica judicial y de la gestión pública. Por cierto que los elegidos no son los Siete Sabios de Atenas, pero ya sabemos cómo le fue al más grande sabio de Atenas, Sócrates: fue condenado a muerte como consecuencia de una intriga urdida por sus adversarios políticos, un autor de teatro y los enemigos del cambio y la ironía. Otra buena señal es que la Junta esté integrada por tres mujeres, que suelen hallarse sub-representadas en la cúspide de las instancias judiciales.
Entre los elegidos hay que destacar también la presencia de dos ex funcionarios de la Defensoría que lideró Beatriz Merino, quien supo transmitir a esta importante institución eficiencia de gestión y valores éticos. Por lo pronto, lo seguro es que Aldo Vásquez, Henry Avila, Luz Tello, María Zavala, Imelda Tumbialán, Marco Falconí y Antonio de la Haza prestarán juramento el 6 de enero, antes de asumir la tarea de convencer a los que siguen dudando de que somos capaces de garantizar un sistema judicial limpio, independiente de intereses políticos y eficiente.
La prueba de fuego que les espera ya está definida: el caso de jueces y fiscales supremos que se han mantenido en sus puestos pese a graves indicios de su implicación en la corrupción organizada. Hemos sobrevivido un año sin los miembros del viejo Consejo Nacional de Magistratura. A sus reemplazantes los juzgaremos por sus actos y por el coraje que muestren para que los peruanos aprendamos a vivir en un país sin cuellos blancos, ni hermanitos.
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