Dentro de ocho semanas tenemos que votar para elegir un nuevo Congreso que legisle, fiscalice y sirva de contrapeso al Poder Ejecutivo. La semana pasada algunas decisiones judiciales (Keiko Fujimori, César Villanueva, árbitros) y la Conferencia Anual de Ejecutivos captaron el interés público. Y cuando pensábamos poder concentrarnos en la campaña electoral una decisión desafortunada del Ejecutivo distrae y despierta inquietud: el inesperado cese del presidente de la Televisión y la Radio públicas, es decir la entidad que debe dar ejemplo de rigor y pluralismo en favor de los valores democráticos en el espacio de la comunicación de masas. La gestión de Hugo Coya ha sido celebrada por su calidad profesional, su énfasis en la inclusión y su respeto a la imparcialidad del Estado. Pese a ser un cargo de confianza, no se entiende porqué se pone fin a sus funciones de manera abrupta, poco antes de una cita prevista en Londres con los responsables del servicio público de radio y televisión del Reino Unido, la prestigiosa British Broadcasting Corporation, BBC. El ministro de Cultura no ha dado explicaciones convincentes, acreditando el temor de que pueda tratarse de una señal para intimidar a los funcionarios independientes e incitarlos a practicar la autocensura.
Otra mala señal nos ha sido dada por el Colegio de Abogados de Lima, que se ha mostrado incapaz de organizar elecciones limpias y transparentes. Más de cuarenta mil abogados estaban convocados a las urnas, pero el desorden fue tal que la primera vuelta de las elecciones tuvo que ser anulada. La Decana ha afirmado que se detectó a personas desconocidas que usurparon el chaleco de la ONPE para perturbar el acto electoral. Un total de 13 candidatos postulaban a un mandato que existe desde antes de nuestra Independencia y que ha conocido momentos de gloria cuando sirvió para afirmar los principios de nuestra República. Pero el fiasco del sábado pasado confirma que la institución está viviendo una época de decadencia y que lejos de ser una referencia moral, se ha ido limitando a gestiones corporativas y al silencio pusilánime frente a nuestros grandes desafíos legales e institucionales.
El Comercio publica una entrevista hecha por su director a Elena Conterno, presidenta del Instituto de Administración de Empresas, organizador de las Conferencias de Ejecutivos. Conterno destaca CADE 2019 quiso subrayar la vocación del modelo económico a aportar beneficios “a todos”. Conterno sostiene sin embargo que hay una discrepancia entre los defensores de “un capitalismo consciente” y quienes creen que las responsabilidades de las empresas se limitan a ser competitivas y pagar impuestos. La presidenta de IPAE concluye: “El crecimiento reduce la pobreza, genera empleo y aumenta el presupuesto. Pero tenemos también que incluir, no solo mejorar servicios sino también promover un cambio en las personas, cómo nos miramos unos a otros… El gran tema de este CADE ha sido la integridad… el gran reto es que la defensa del modelo se hace logrando que funcione”.
Un ejemplo de una empresa que no funciona y que reniega de toda forma de integridad es una universidad con fines de lucro de Michigan, Estados Unidos. El Washington Post informa que la Universidad de Farmington no era sino una fachada para explotar a estudiantes extranjeros que no tenían visa para establecerse en territorio norteamericano. La Universidad fue utilizada por la Agencia Federal de Control de Aduanas e Inmigración, ICE, para detener falsos estudiantes e infiltrar redes corruptas que trafican con visas. Cientos de estudiantes han sido detenidos, víctimas de su ingenuidad y del cinismo de quienes se han aprovechado de la ilusión de estudios superiores de calidad para enriquecerse.
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