Los ecuatorianos pueden reelegir a sus autoridades, tanto al presidente como a los congresistas disueltos. Lo que quiere decir que si Lasso postula nuevamente, el pueblo decidirá si su destitución era deseable o si se trataba de una maniobra de acoso y derribo.

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La oposición ecuatoriana creía que había logrado acorralar al presidente Guillermo Lasso y se aprestaba sin duda a destituirlo. Ese era por lo demás el llamado del líder opositor más influyente, el expresidente Rafael Correa. Condenado a ocho años por cohecho y prófugo de la Justicia, Correa controla desde Bélgica su partido y espera sin duda una correlación favorable para regresar a su país y desvirtuar lo actuado por la Justicia. Pero Lasso decidió utilizar los recursos constitucionales ofrecidos precisamente por la Carta Magna que Correa inspiró y promulgó el 2008.

En su artículo 148 ofrece al Jefe de Estado un poder discrecional para disolver el parlamento unicameral, si considera que el país se halla en un estado de grave conmoción interna. El presidente se halla obligado a solicitar la convocatoria de elecciones generales para que el país elija un presidente y un Congreso que completen los mandatos interrumpidos.

Afortunadamente para ellos, los ecuatorianos pueden reelegir a sus autoridades, tanto al presidente como a los congresistas disueltos. Lo que quiere decir que si Lasso postula nuevamente, el pueblo decidirá si su destitución era deseable o si se trataba de una maniobra de acoso y derribo. Que quede claro que lo sucedido en Ecuador no se parece en nada al golpe de Pedro Castillo porque nuestra constitución limita los poderes presidenciales frente al Congreso.

Lo que sí tenemos en común es la polarización, es decir la incapacidad de generar consensos en torno a políticas públicas. Y sin embargo las necesidades saltan a la vista: las cifras de la delincuencia son más graves en el Ecuador y el país necesita una política económica que genere empleo y reduzca la pobreza. Por eso hay que ponderar que pocas horas después de la disolución, Lasso haya firmado un decreto de reforma tributaria. El papel de los políticos no es el de luchar contra sus adversarios, sino el de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

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