Si Dina Boluarte aspira ahora a mantenerse en la presidencia hasta el 2026, parece razonable anticipar la situación que se generaría en ausencia de vicepresidentes.

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

De manera sorpresiva, la presidenta y el primer ministro han enviado al Congreso un proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo y define el funcionamiento en la cúspide del Estado en caso de viaje de la presidenta al extranjero. Comencemos diciendo que es positivo para el Perú que en ciertas circunstancias la presidenta salga del país. En particular a ciertos encuentros multilaterales, como el de APEC, sobre todo porque luego seremos nosotros los anfitriones de la Cumbre 2024 de ese importante foro internacional. También nos importa que el Perú esté representado al más alto nivel ante la Asamblea General de la ONU. El hecho de que hayan presidentes como el de México y el de Colombia, que cuestionan testarudamente la legitimidad de Dina Boluarte, da más valor simbólico al uso de la palabra ante los representantes de la comunidad internacional. Si Dina Boluarte aspira ahora a mantenerse en la presidencia hasta el 2026, parece razonable anticipar la situación que se generaría en ausencia de vicepresidentes. Como sabemos, Vladimir Cerrón fue descalificado de la plancha presidencial y la primera vicepresidente de Pedro Castillo era precisamente Dina Boluarte. Habrá que esperar el pronunciamiento de los especialistas sobre el procedimiento de modificación de una ley orgánica. En cualquier caso, confiemos en que los argumentos respondan al interés del Estado y no, como suele ser el caso con frecuencia, para contradecir al adversario. El proyecto de Boluarte y Otárola, aprobado por el Consejo de ministros, introduce también la facultad de ocuparse por medios digitales del despacho presidencial y de asegurar la comunicación con el Primer Ministro. Veremos cómo reacciona el Congreso, si mantiene su actitud colaboradora con Dina Boluarte o si predominan las fuerzas que desde ya consideran que se trata de una iniciativa inoportuna y de un procedimiento que fuerza nuestro marco normativo y constitucional.

Las cosas como son