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El Instituto Nacional de Estadística e Informática publicó ayer los resultados de su medición de la pobreza en el Perú. La definición adoptada de la pobreza monetaria se refiere a la incapacidad de adquirir la canasta básica de consumo cuyo costo por persona se eleva a 415 soles por mes.
Según el INEI, la pobreza ha aumentado desde el inicio de la pandemia y hoy afecta a 27.5 % de nuestra población, es decir a 9 millones 184 mil personas. La pobreza extrema alcanza a 5 % de la población, es decir dos puntos más que las tasas registradas hasta el 2019. Eso quiere decir que un millón 673 mil peruanos no alcanzan a pagar una canasta básica de 226 soles mensuales.
La lucha contra la pobreza debe ser un objetivo esencial de toda política pública, sobre todo en un país que cuenta con recursos y donde numerosas entidades dejan de ejecutar sus presupuestos. Pobreza quiere decir que la vida humana se reduce a las condiciones de supervivencia, con privación de derechos fundamentales, como el acceso a una vivienda digna, al agua potable, a la salud y a la educación. Las regiones más afectadas por la pobreza son Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno.
Desde la creación del MIDIS se han aplicado políticas que han aliviado parcialmente la pobreza rural, pero no la pobreza en las periferias urbanas que ha aumentado durante los últimos años. La ayuda social no basta. La considerable reducción de la pobreza que logramos durante las décadas pasadas se debió sobre todo a tasas elevadas de crecimiento económico.
Crecer puede no bastar, pero lo seguro es que si no se crece no se genera más riqueza ni más puestos de trabajo. Una tasa de pobreza tan elevada es inaceptable en un país de ingresos medios como el nuestro. Su combate es una exigencia de la justicia y una tarea de todos.
Las cosas como son
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