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Es cierto que nos hallamos cada día ante acontecimientos climáticos, políticos y judiciales que requieren nuestra atención y definen los términos del debate público. Sería irresponsable no exhortar a la más esforzada prevención de lo que implicaría un nuevo fenómeno de El Niño, con su saldo inevitable de muertes, inundaciones, destrucción del patrimonio y de infraestructuras.
Tampoco podemos dejar de lado el avance de las investigaciones fiscales de las circunstancias que llevaron al golpe de Estado que Pedro Castillo intentó el pasado 7 de diciembre. Las circunstancias son personas e intereses que erosionan el funcionamiento de las instituciones y, tras discursos pomposos, terminan por imponer la agenda de la corrupción.
Los allanamientos en el domicilio de dos ex jefes de la Policía y del ex primer ministro Aníbal Torres deben acercarnos a la verdad de lo que se tramaba bajo la presidencia de Pedro Castillo. Lo mismo puede decirse de la colaboración ofrecida a la Fiscalía por un operador en la sombra de ese gobierno, Jorge Hernández, alias 'El Español'.
En medio de ese torbellino de informaciones debemos dar espacio al destino de un niño, originario de la provincia loretana de Daten del Marañón. Sus padres optaron por no aplicarle las vacunas de que disponemos y el niño constituye hoy el primer caso de poliomielitis en más de treinta años.
Una enfermedad erradicada puede reaparecer y ni siquiera sabemos si se trata solo de un caso o de un brote epidémico en una de las regiones con más comunidades nativas y peor calidad de servicios públicos. El Estado existe para asegurar la paz social y la igualdad de derechos. Pero la realidad es que el acceso a la salud representa una frontera que nos separa. Un niño peruano con polio es una señal del retroceso al que nos expone la división y el fracaso de la gestión pública.
Las cosas como son
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