El contraste sigue siendo grande entre el descontento social en nuestro país y el que vemos en algunos de nuestros vecinos más próximos. La expresión de descontento es inevitable y sana en las sociedades democráticas. Más aún, en poblaciones cada vez más urbanas y capaces de acceder a todas las fuentes de información a través de medios de comunicación o redes sociales. El descontento debe ser canalizado a través del voto que permite la renovación de los dirigentes políticos, es decir la jubilación anticipada de los que han decepcionado a sus electores. Eso lo vamos a ver durante la noche del próximo 26 de enero. A partir de ese momento comenzaremos a saber si el nuevo Congreso será o no capaz de cumplir con tareas urgentes: completar la reforma de la Justicia, dar coherencia a la legislación sobre nuestro sistema político, elegir a seis jueces constitucionales, llevar a la práctica el Plan de Competitividad y de diversificación productiva. Las elecciones permiten la confrontación entre ideas y personas, pero se distorsionan cuando el debate cede lugar al insulto y peor aún, a la violencia. Desdichadamente eso es lo que seguimos observando en Chile y Bolivia. En Bolivia el descontento lo encarnan actores políticos, mientras que en Chile carece de líderes claros que puedan ser interlocutores del gobierno, que ahora propone el cambio de la Constitución.
La Defensoría del Pueblo ha desarrollado una metodología de prevención de conflictos. Aunque la mayoría de los conflictos en curso son de carácter socio-ambiental, las manifestaciones más grandes de los últimos tiempos han estado focalizadas en dos temas de sociedad: el rechazo a la corrupción y la violencia contra mujeres. En un informe publicado ayer, la Defensoría alerta sobre los riesgos provocados por la denegación de licenciamientos a un número creciente de universidades privadas y públicas. Aunque la Defensoría evita toda crítica a la labor de la SUNEDU, destaca que en total hay 70 mil estudiantes universitarios que no podrán completar sus estudios en las universidades que ellos escogieron. ¿Estamos seguros de que todos ellos podrán acogerse a las medidas adoptadas para que no vean truncarse sus carreras? La juventud tiende a alargarse en las sociedades contemporáneas, al mismo tiempo que crece la competencia para obtener los puestos de trabajo más apreciados. Nada de lo cual impide reconocer los esfuerzos hechos por sucesivos gobiernos que han mantenido una política de Estado para corregir las distorsiones generadas por la desregulación de los años noventa. Universidades que se benefician de exoneraciones tributarias deben ser transparentes y dar cuenta de sus inversiones para mejorar sus infraestructuras, la calidad de sus profesores y los esfuerzos para ampliar, difundir y hacer amar el conocimiento.
Pero ninguna reforma universitaria puede ser eficaz y duradera si no aseguramos el Desarrollo Infantil Temprano. A ese tema se consagró el Foro organizado ayer por el Grupo RPP. El presidente del Grupo, Hugo Delgado, recordó una frase del escritor británico Rudyard Kipling: “Cuéntame los tres primeros años de tu vida y yo te diré el resto”. Hoy sabemos que el desarrollo neurofisiológico debe ser cuidado desde la gestación, que cada parto necesita atención, que los primeros meses requieren apoyo emocional y que padres y madres son igualmente responsables de que sus hijos desarrollen la autoestima. Las ministras de la Mujer, del MIDIS y de Economía participaron en el Foro y compartieron tres criterios simples: 1) El Estado debe ejecutar una política coherente que comprometa a todos sus sectores. 2) El sector público debe coordinar con la Academia, las ONG y las empresas privadas, porque la inversión en el Desarrollo Infantil Temprano es la garantía de nuestro futuro. 3) Necesitamos resultados con cifras y plazos, para evitar que la retórica y las promesas incumplidas renueven el círculo vicioso de demagogia y decepción.
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