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Lo que el Congreso debía decidir ayer es si Pedro Castillo actuó solo en la preparación y la ejecución del golpe de Estado que intentó el pasado 7 de diciembre. Su respuesta fue aceptar la denuncia constitucional contra la por entonces primera ministra Betssy Chávez y los ex ministros Roberto Sánchez y Willy Huerta. Estamos ante un delito de la mayor gravedad porque se trata de la decisión abusiva de utilizar un poder ganado en el sistema democrático para eliminar la democracia. Castillo no pudo ser más explícito sobre el tipo de régimen de excepción que intentó constituir, gobernando por decreto y prescindiendo del Congreso y el Poder Judicial. Optó por el recurso más tradicional de nuestra historia política, porque decenas de golpes de Estado se han producido desde comienzos de nuestra República hasta 1992.
Es naturalmente imposible creer que hizo todo sin ayuda, desde la redacción del discurso a la Nación hasta la preparación de los Decretos Supremos correspondientes. Betssy Chávez dijo allanarse a la denuncia, pero no aceptó su participación en el golpe. Ni tomó distancia de lo hecho por el que días antes la había nombrado primera ministra. Más bien retomó los argumentos con los que Castillo quiso establecer una visión maniquea y victimista de nuestra historia, enfatizando por ejemplo los ataques a la prensa que llamó “sicaria”.
Como sabemos, Castillo ha seguido intentando desde la prisión ponerse a la cabeza de una versión distorsionada de su actuación política, que pasa por alto lo que parece haber sido el factor determinante de su decisión golpista: garantizar la impunidad de sus actos de corrupción. Esperemos que el proceso al que se someterá Betssy Chávez le permita ser menos retórica y más explícita sobre lo intentado por Castillo.
Las cosas como son
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