El sábado pasado la ciudad puneña de Juli ha sido escenario de violencias que recuerdan otras que se han venido produciendo desde el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.
Los hechos han tenido lugar 24 horas después del anuncio presidencial de un programa Punche Puno para dinamizar la economía regional, mejorar los servicios públicos y cerrar las brechas sociales, que por ejemplo, hacen de Puno la región con la más alta tasa de anemia entre los niños. Las violencias comenzaron con una movilización para forzar el retiro de una base militar instalada en esa ciudad lacustre al sur de región puneña. Los soldados hicieron disparos para dispersar a los atacantes.
Poco más tarde, un grupo de vándalos atacó la comisaría, que fue incendiada. 17 soldados fueron retenidos por los manifestantes, pero fueron liberados después de sostener un diálogo en la Plaza de Armas con quienes se presentaron como miembros de comunidades campesinas de la provincia de Chucuito. Las violencias afortunadamente no han dejado muertos, pero sí civiles, policías y militares heridos.
La Defensoría del Pueblo ha reportado que son diez los civiles heridos, uno de ellos por proyectil de arma de fuego. Durante la noche se produjo el incendio de la sede judicial de Juli, con la destrucción de expedientes judiciales, en particular sobre demandas de alimentos a padres que se desentienden de sus hijos.
Es inaceptable la violencia y la destrucción de instituciones públicas. La violencia no puede ser justificada con ninguna razón, y ciertamente no con la exigencia de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Aunque parezca en las actuales circunstancias imposible hay que establecer canales de comunicación con los manifestantes, y aislar a los vándalos. ¿Qué papel puede jugar el obispo de Juli, los funcionarios locales de la Defensoría del Pueblo y los funcionarios del viceministerio de gobernanza territorial?
Las cosas como son
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