Ayer sesionó la Comisión Permanente y de acuerdo a las funciones que le atribuye la constitución creó sub-grupos encargados de examinar los cinco primeros Decretos de Urgencia aprobados por el gobierno. En efecto, el artículo 135 de nuestra Carta Magna dice: “En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale”. También el reciente auto del Tribunal Constitucional hace precisiones sobre la Comisión Permanente y establece que su única función es la que define el artículo 135. Sin embargo algunos miembros de la Comisión plantearon exigir explicaciones al gobierno respecto de una decisión tomada por la Justicia, la de permitir que la empresa Odebrecht reciba una parte del monto de la venta de la Central Hidroeléctrica de Chaglla. Se trata de 524 millones de soles, que es lo que se halla en un fideicomiso después de pagar la deuda tributaria, así como las acreencias de la empresa. El pago ha dado lugar a muchas interpretaciones y ha sido objeto de presiones de muy diverso tipo, entre las que destacan las de quienes quieren impedir que Odebrecht colabore con las investigaciones fiscales. El tema es tanto más urgente que el próximo 11 de diciembre Jorge Barata deberá contestar las preguntas de los fiscales especializados en el caso Lava Jato. Esas preguntas permitirán, precisamente, conocer la identidad de congresistas, funcionarios y empresarios que fueron beneficiados por coimas y pagos de Odebrecht.
Mientras tanto, enfrentamos manifestaciones de descontento que afectan a uno de los servicios más importantes de nuestras ciudades: el transporte. Los concesionarios de los corredores complementarios han decidido a última hora suspender un paro de autobuses para protestar contra lo que consideran una competencia desleal de combis y colectivos piratas. Según los concesionarios, esos vehículos informales les quitan clientes. La informalidad los ha llevado a usar el claxon como un instrumento normal para atraer clientes, agravando lo que los ciudadanos consideran uno de los grandes problemas de la ciudad: el ruido. El alcalde Jorge Muñoz ha afirmado que la Municipalidad no cederá ante lo que considera un interés económico corporatista, que intenta sacar provecho de los retrasos de la Reforma del Transporte. El tema se vuelve más complejo cuando uno asume que el paro debía afectar solo en cuatro de los cinco corredores complementarios, pero no en el llamado corredor verde. ¿Por qué? Algunos especialistas sugieren que una buena parte de los vehículos que funcionan en ese corredor han sido financiados con dinero negro que viene del VRAEM. ¿Habremos escuchado bien? ¿Dinero negro que viene del VRAEM? ¿No será que los que saben aprovechar mejor la negligencia de los funcionarios y el desorden son los agentes del narcotráfico?
Esperemos que pese a sus dificultades, nuestra capital siga siendo considerada una ciudad capaz, por ejemplo, de acoger la final de la Copa Libertadores. Chile renunció a hacerlo a causa de las protestas sociales y Lima fue preferida a Asunción y Medellín. Dentro de menos de tres semanas, el estadio Monumental de Ate será el escenario de la final entre el River Plate de Argentina y el Flamengo de Brasil. Decenas de miles de hinchas de ambos países vendrán a Lima, aunque para eso tengan que cambiar a última hora sus planes y sus presupuestos de viaje. Esperemos que el espíritu de eficiencia y juego limpio que vivimos durante los Panamericanos sople también en Ate. Y así estaremos a la altura de la confianza puesta en nuestra ciudad y sus infraestructuras.
Las cosas como son
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