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Vamos a necesitar talento y suerte para hacer compatibles tres tareas diferentes: 1) Aliviar la tensión de las protestas garantizando elecciones anticipadas. 2) Lograr reformas que perfeccionen nuestro sistema electoral. 3) Hacer posible la inscripción de nuevos partidos que mejoren la oferta política. Las reformas y la formalización de nuevos partidos toman tiempo, mientras que el alivio de la tensión política requiere celeridad. La contradicción entre las diferentes tareas se expresa en las vacilaciones de la presidenta Dina Boluarte, pero también en el cambio de fechas propuesto por José Williams: que la próxima legislatura se adelante de marzo al quince de febrero, y así poder votar cuanto antes por segunda vez la modificación del calendario electoral y la fijación de la fecha en abril del 2024. Pero, ¿qué pasaría si las bancadas castillistas impiden que se vuelva a conseguir los ochenta y ocho votos necesarios para hacer efectiva una reforma constitucional? Sobre todo ahora que más que nunca, esas bancadas han focalizado toda su estrategia en la convocatoria a una Asamblea Constituyente. El clima de protestas impone las elecciones anticipadas, pero, ¿de qué serviría que votemos bajo las mismas reglas que hace dos años, con el riesgo de terminar en el mismo impasse que llevó al poder a Pedro Castillo? Y, ¿por qué impedir que quienes actualmente están intentando inscribir nuevos partidos puedan terminar de hacerlo, en vez de condenarnos a los pocos partidos que han preservado sus inscripciones en el Registro de organizaciones políticas? El éxito de un proceso electoral no depende de fechas. Depende sobre todo de que existan verdaderos partidos con principios, dirigentes y visión de país. Y que esos partidos sepan convocar a los ciudadanos con más eficiencia en la gestión pública y con más integridad.
Las cosas como son
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