Ya hemos visto suficientes familias enlutadas, que ahora esperan resultados objetivos de las investigaciones en curso para saber en cada caso cómo y porqué fallecieron sus hoy parientes difuntos.

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Entramos a una semana en la que se decidirá si prevalece la moderación o el radicalismo, el diálogo o la confrontación, la búsqueda de soluciones o la exacerbación de la polarización. Lo que está en juego es la posibilidad de adoptar para el conjunto de nuestra población objetivos comunes y un plan calendarizado para acercarnos a ellos. El requisito fundamental es renunciar a la violencia. Ya hemos visto suficientes familias enlutadas, que ahora esperan resultados objetivos de las investigaciones en curso para saber en cada caso cómo y porqué fallecieron sus hoy parientes difuntos. Hay diferentes explicaciones sobre el origen de la actual ola de protestas y violencias. Y existen también manipulaciones que no vacilan en apoyarse sobre el descontento e incluso sobre los muertos para imponer una narrativa y apoyar designios políticos. Es inevitable encaminarnos a un período electoral que requerirá propuestas y compromisos. Las encuestas de IPSOS y del IEP publicadas ayer coinciden en tres puntos fundamentales: la mayoría de la población rechaza la violencia y espera que aparezcan caminos de diálogo, pero no confía en nuestras autoridades, sobre todo no en el Congreso de la República. Después de las disculpas presentadas por la presidenta Dina Boluarte y su rechazo a las voces que reclaman su renuncia, el gobierno ha declarado el estado de emergencia en Cusco, Puno, Lima, Callao y en algunas provincias de Apurímac, Madre de Dios y Moquegua. El primer ministro ha afirmado que se están tendiendo puentes de diálogo entre el gobierno y las autoridades de Puno y Cusco. Hay que saber separar la protesta pacífica de la acción de grupos criminales o terroristas. Y recordar que las crisis, por graves que sean, terminan por ser superadas cuando el bien común prevalece sobre la ceguera, el sectarismo y el odio.

Las cosas como son