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Nadie puede poner en duda que el Congreso tiene la facultad de aprobar leyes e impulsar reformas que garanticen el buen desempeño de nuestras instituciones. Para eso existe y para eso son elegidos sus miembros. Pero eso no lo exime de asumir la responsabilidad que le compete en la crisis que estamos viviendo.
Precisamente por eso ha cedido ante el reclamo de la calle y ha aceptado recortar su mandato y adelantar las elecciones generales. Si lo hace, es sin duda porque sus miembros saben que son la institución con menos aprobación popular y que la hostilidad que despierta es uno de los factores que alimenta las protestas que se han producido en la mayoría de regiones de nuestro país.
Por eso debe actuar con prudencia y evitar acentuar su descrédito. Hay reformas que van abriéndose camino. Entre ellas, la reinstauración de la bicameralidad y la reelección de congresistas. Sobre todo, si se precisa que la reelección no se aplicará a los congresistas que se hallan actualmente en ejercicio.
Sin embargo, el proyecto de ley para recortar el mandato de las autoridades electorales corre el riesgo de complicar el panorama de salida de la crisis. En general, la interferencia política en organismos electorales autónomos es siempre una mala señal, más aún en un país como el nuestro, que vivió interferencias sistemáticas durante los años noventa.
Invocar “cuestionamientos” y la necesidad de “restablecer la confianza”, es un arma que puede volverse contra los que la usan. La ponente del proyecto, Rosselli Amuruz, se ha referido también al “espíritu de la constitución”, opuesto según ella a que las mismas autoridades dirijan dos elecciones sucesivas.
Extraña interpretación, puesto que el Artículo 180 de la Constitución autoriza explícitamente la reelección de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Lo prudente sería que el Congreso se concentre en las reformas indispensables y que cese de invocar espíritus.
Las cosas como son
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