La justicia ha impuesto 18 meses a 14 abogados que ejercieron como árbitros de Odebrecht. La prisión preventiva debe ser una medida excepcional: lo que importa es juzgar a tiempo y con pruebas.

La justicia peruana ha vuelto a cruzar un Rubicón al imponer 18 meses de prisión preventiva a 14 de los 16 abogados que ejercieron de árbitros en procesos que concernían a la empresa Odebrecht. A otros dos se les ha impuesto restricciones judiciales. El juez Jorge Chávez Tamariz ponderó los argumentos de la Fiscalía y al término de varias audiencias tomó una decisión inusual por la cantidad de abogados afectados y la notoriedad mediática de algunos de ellos, en particular Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama en el caso del financiamiento ilegal de Fuerza Popular. Entre los investigados figuran también Fernando Cantuarias y Mario Castillo Freyre. Los defensores anunciaron, como estaba previsto, que interpondrán recursos de apelación. El juez dictó también órdenes de captura para los abogados que no asistieron a la audiencia.

Los respectivos procesos judiciales permitirán conocer con precisión y pruebas la manera en que la corrupta empresa brasileña actuaba para asegurarse mayores ganancias en detrimento de los intereses del Estado peruano. Fuera de la sala de audiencia, un grupo vinculado a la organización fujimorista “La Resistencia” coreaba una consigna que fue desvaneciéndose: “¡Justicia preventiva! Y Graña, ¿para cuándo?”. La gravedad de las decisiones, la complejidad de los delitos imputados, las repercusiones sobre la clase política y el impacto sobre la opinión pública no hacen sino reforzar una convicción de principio: necesitamos más que nunca una Justicia proba e independiente, que haga respetar la ley y sea capaz de resistir a toda forma de presión: política, económica y mediática.

A propósito de nuestra institucionalidad judicial, uno no puede dejar de interrogarse sobre las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez. Por una parte ha dejado entender que el interrogatorio fiscal a Vladimiro Montesinos debió ser interrumpido por descoordinaciones con el Poder Judicial. Por otra parte, Pérez se refirió a diligencias en torno al detenido Martín Belaunde Lossio y afirmó que algunos pretenden desacreditar a los fiscales del caso Lava Jato.

Renuncias

La renuncia de Gloria Montenegro a su militancia de 18 años en Alianza para el Progreso, APP, añade incertidumbre a la línea del partido fundado por César Acuña, que aspira a reforzar su bancada en el Congreso que se instalará el próximo año. La ministra de la mujer afirma su discrepancia con la actitud frente a los valores democráticos de algunos de los dirigentes de APP, aunque no dice quiénes son. Entre los candidatos congresales de APP figuran el ex vice-presidente Omar Chehade y el ex-ministro Daniel Córdoba.

Prevención de conflictos

A propósito de institucionalidad, Gestión entrevista a Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos de la Defensoría del Pueblo. Luque afirma que los proyectos de inversión que se desarrollan mejor son los que comienzan con “transparencia en el manejo de la información hacia las comunidades, asegurándose que esa información sea entendida”. Luque recuerda que las empresas no llegan a “territorios vacíos, sino a zonas ocupadas por poblaciones desde hace cientos de años. Por eso, enfatiza, hay que ser muy respetuosos de sus costumbres y de su cultura”.

Becas

 Y a propósito de conflictos y de respeto, Alonso Segura llama la atención sobre un tema que puede resultar explosivo a mediano plazo: la reducción del presupuesto destinado a becas. El ex ministro recuerda que las becas son un mecanismo esencial para evitar que se reproduzca la desigualdad: las familias acomodadas garantizan los costos de la educación de sus hijos, mientras que la pobreza tiende a pasar a las jóvenes generaciones si el Estado no interviene para impedir que se reproduzca la desigualdad. Se trata de una de las lecciones más patentes del estallido social en Chile.

Las cosas como son