Aníbal Torres presentó un proyecto de ley para derogar una ley vigente que define los términos de la participación y el control de los ciudadanos.

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Aníbal Torres es un abogado entrenado en el arte de llevar el lenguaje hasta los límites más borrosos de la ley. Y como político da incluso un paso más allá. Ese es el ejercicio al que se entregó ayer ante el Pleno del Congreso.

Torres presentó un proyecto de ley para derogar una ley vigente que define los términos de la participación y el control de los ciudadanos. El presidente Castillo, ajeno a las sutilezas jurídicas, invocó poco más tarde la “restauración de la democracia ciudadana”.

En general, los apelativos que se adjuntan a la democracia son motivo de sospecha, pero por lo menos Castillo no habla de “democracia popular”. Al menos no por ahora.

Torres pretendió convencer de que su proyecto de ley corresponde a uno de los ejes de la política general que expuso ante el Pleno poco después de su llegada al premierato. Y por eso, creyó legalmente aceptable asociar a su proyecto de ley una cuestión de confianza.

Aunque nadie se lo había preguntado, Torres sostuvo que no quería disolver el Congreso y como prueba afirmó que hubiera sido posible presentar dos cuestiones de confianza a la vez. Torres sabe, sin embargo, que si el proyecto de ley es declarado “improcedente”, el Reglamento del Congreso establece explícitamente que la improcedencia no equivale a rechazo.

¿Qué pretendía entonces Aníbal Torres, que hace unos meses anunció su renuncia y que suele oscilar entre la argumentación jurídica y la diatriba? No se necesita ser muy zahorí para asociar la maniobra de Torres con la agravación de la situación judicial de Pedro Castillo.

Al menos por ahora ha logrado cambiar la agenda que hasta desde ayer ya no gira en torno a la corrupción, sino en torno al riesgo de disolución del Congreso. A tres días de la llegada de la Misión de la OEA puede ser una victoria pírrica.

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