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La condena de Kenji Fujimori por el llamado caso de los “mamanivideos” parece retrotraernos a una época remota. Los hechos incriminados tuvieron lugar en diciembre del 2017. Eran los tiempos de la mayoría absoluta de la bancada de Fuerza Popular y de la voluntad de Keiko Fujimori de ejercer el poder desde el Congreso. El fujimorismo decidió vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero tuvo que hacer frente a una disidencia liderada por el menor de los Fujimori. Kenji en efecto se había propuesto liberar a su padre de la prisión y para eso ofreció los votos de su grupo para evitar que se alcance la valla de 87. Kuczynski no fue vacado y Alberto Fujimori fue indultado el día de la Navidad. Y entonces estalló el escándalo. El congresista fujimorista Moisés Mamani reveló que se le había propuesto beneficios gubernamentales a cambio de votar contra la vacancia y ofreció audios que pusieron de manifiesto la maniobra de Kenyi Fujimori. Mamani logró su objetivo: Kenji fue desaforado del Congreso y su padre regresó a la prisión de la DINOES donde sigue purgando la condena que le impuso la Justicia. Tres meses después, expuesto a una segunda moción de vacancia, Kuczynski prefirió renunciar, lo que condujo a la presidencia de Martín Vizcarra. La condena de Kenji es efectiva, pero ha quedado suspendida hasta que sea ratificada por una sala de la Corte Suprema. La vacancia, la renuncia y la sucesión presidencial, ¿sirvieron para algo? ¿Hemos aprendido algunas lecciones de la caja de Pandora que se abrió con la primera vacancia? La triste realidad actual es que Pedro Castillo viene siendo investigado por hechos cometidos en el ejercicio de su mandato y sus abogados han desplegado una guerrilla judicial para evitar que se conozca la verdad. De todo esto, los grandes perjudicados son el desarrollo del país y la consolidación de nuestra democracia.
Las cosas como son
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