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Ayer tuvo lugar una marcha pomposamente llamada La Toma de Lima que lo único que ha probado es que el presidente está dispuesto a todo lo que contribuya a sacar de la agenda el tema de la corrupción.
Reunido con alcaldes electos en Palacio de gobierno, Pedro Castillo hizo un elogio de la sabiduría del pueblo peruano que no se ha dejado engañar “por la prensa” y ha salido a manifestar para defender su gobierno. La manipulación del concepto de “pueblo” le permite decidir a Castillo quién forma parte del pueblo y quién no.
Al obrar de esa manera, Castillo insulta lo popular, porque el criterio de lo popular pasa a consistir en la sumisión al poder de turno y en el respaldo a la impunidad. A los alcaldes presentes les prometió un aeropuerto para Huancavelica, que Castillo, con retraso de algunos siglos, consideró la capital de la minería en el Perú.
Una promesa sin presupuesto ni expediente técnico es siempre más fácil que resolver conflictos que bloquean inversiones como sigue siendo el caso en Apurímac y en el tramo cuzqueño del corredor minero. También ayer la Fiscalía solicitó prisión preventiva de 36 meses para el jefe de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
El exgobernador de Junín es acusado de lavado de activos para financiar la campaña de su partido con fondos derivados del tráfico de brevetes y cuotas pagadas forzosamente por funcionarios. Es difícil juzgar si el presidente del Congreso tuvo razón al declarar inadmisible el oficio del primer ministro.
Y si fue necesario suspender las actividades del congreso a causa de la marcha. Lo seguro es que la voz de la fiscal de la Nación resonó desde Paracas en la ceremonia de clausura de la Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE: “No podemos permitir, dijo Patricia Benavides, que en nuestro país se normalice la corrupción”.
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