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El juzgado supremo de investigación preparatoria ha dado una respuesta contundente a la solicitud presentada por los abogados de Pedro Castillo para hacer inviable la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación. El juez Juan Carlos Checley ha declarado improcedente “la tutela de derechos interpuesta en la investigación preliminar… por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusion agravada”. Checley ha sostenido que la denuncia es una atribución de la Fiscalía y que corresponde al Congreso evaluarla y calificarla. La resolución judicial precisa que solo la Subcomisión de acusaciones constitucionales puede calificar las denuncias constitucionales y de ser el caso el Congreso debe emitir un pronunciamiento sobre su viabilidad. Desde luego que la defensa de Pedro Castillo puede apelar y prolongar la situación de incertidumbre que perjudica al país. Pero no puede afirmar que colabora con la Justicia, porque de la misma manera que Castillo no ha contestado las preguntas de la Fiscalía, multiplica los recursos para que no se pueda ni siquiera investigar las graves acusaciones que pesan sobre él y varios de sus allegados. Entretanto, un nuevo ministro ha sido incorporado a la denuncia fiscal, Roberto Sánchez, de Comercio Exterior y Turismo. Además del impacto moral que genera esta situación judicial, constituye un elemento de distracción de la opinión pública, pero también del gobierno. Un ministro investigado y peor aún un presidente investigado tiene que dedicar mucho tiempo a su defensa. Pedro Castillo no ha sido elegido para pasar su tiempo tratando de garantizar su impunidad. Ha sido elegido para resolver los problemas de los demás: comprar úrea, nombrar a gente competente en los ministerios y las empresas públicas, mejorar la calidad de la educación y la salud, velar por la ejecución del presupuesto público.
Las cosas como son
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