Cualquiera sea la queja de las comunidades concernidas por el derrame petrolero en Cuninico, es inaceptable que se recurra a la retención de turistas para ejercer presión sobre el gobierno y la sociedad.
Según declaró a RPP una de las retenidas, Angela Ramírez, la embarcación en la que se desplazaban más de cien personas en el río Marañón fue detenida por orden de un Apu local, quien les adelantó que se preparen a quedarse inmovilizadas durante varios días.
El Apu explicó que las ocho comunidades establecidas en torno a la quebrada Cuninico se han visto gravemente afectadas por un derrame del oleoducto norperuano, producido el pasado 16 de septiembre. A los daños sanitarios generados por el derrame se añade, siempre según el Apu, el incumplimiento de las promesas que les formuló el gobierno.
No cabe duda que los derrames petroleros representan una seria amenaza para nuestros compatriotas que viven en las riberas de los ríos amazónicos y perturban su régimen de alimentación, basado en la pesca. Y es cierto también que la mala gestión pública no hace sino agravar el malestar acumulado desde hace años contra el Estado.
Pero con la misma energía afirmamos que nada justifica la práctica de la piratería y menos cometer actos que pueden ser definidos como chantaje y toma de rehenes. Entre los turistas retenidos hay niños, ancianos y minusválidos que no tienen nada que ver con el conflicto que opone las comunidades a las autoridades del gobierno.
Todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, seamos miembros de pueblos originarios, habitantes de las ciudades o turistas que visitan nuestro país. Los dirigentes de las comunidades de Cuninico deben liberar cuanto antes a los turistas. Si por negligencia o cinismo, se cede ante el chantaje, la ley dejaría de ser la misma para todos y alentaríamos que cada demanda social legitime el abuso, la violencia y la arbitrariedad.
Las cosas como son
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