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Pocos minutos después de prestar juramento como presidente del Congreso, José Williams recibió un oficio con una solicitud inapelable: acelerar la instalación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para iniciar el proceso de desafuero del congresista Freddy Díaz. Es cierto que la Comisión de Ética ya sancionó con cuatro meses de suspensión a Díaz, pero no por el cargo de violación sexual, que es una grave imputación penal, sino solo por faltas éticas. En su discurso inaugural, Williams, general retirado del Ejército, se comprometió a trabajar para restablecer la confianza de los ciudadanos, que en efecto, expresan una generalizada desaprobación del Congreso, aún más extendida que la ya grande que expresan por el presidente Pedro Castillo. Por si le faltaran tareas urgentes, Williams se enteró ayer mismo, como el resto del país, que el coronel Harvey Colchado era removido del cargo que tenía en la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Resulta inverosímil sostener que se trata de una decisión técnica, porque forma parte de una serie de medidas que confluyen en una actitud preconizada por Pedro Castillo: obstruir la investigación fiscal coordinada por el equipo especial liderado por el coronel Colchado. Horas después se anulo la medida contra Colchado, pero la maniobra de fuerzas oscuras quedó patente: Castillo encarna la decepción política por la voluntad para garantizarse la más vieja tara de nuestra vida pública, la impunidad de los que tienen poder. La interpelación del ministro del Interior no ha tenido efectos prácticos, pese a que sus respuestas fueron objetivamente insatisfactorias. Si de verdad Williams, quiere restaurar la imagen del Congreso, debe usar su poder para terminar con los blindajes e impedir que asistamos de manera pasiva al sabotaje presidencial de la Justicia.
Las cosas como son
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