Hay que decirlo con la mayor claridad: ni las rondas campesinas ni ninguna otra organización social tienen derecho a imponer su verdad y menos a forzar a nadie a difundir bajo amenaza una versión favorable al poder.

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de las amenazas a la libertad de prensa que se ciernen desde el poder ejecutivo o desde el Congreso. El origen es siempre el mismo: a medida que decrece el respaldo popular al poder de turno, quienes lo ejercen tienen tendencia a culpar de su fracaso a todo el mundo, menos a sí mismos. Perú Libre es la única fuerza política que opta claramente en su ideario por una prensa limitada a “los intereses de clase” que dice defender. Pero otros partidos que se pretenden democráticos e incluso liberales han dado muestras también de poner límites a la acción de los periodistas, en la práctica de las instituciones que dirigen o en las leyes que proponen. Y de pronto, estalló una amenaza física y de estirpe claramente totalitaria: el secuestro de periodistas de Cuarto Poder en la localidad chotana de Chadín y la obligación de hacerles leer una suerte de pronunciamiento “rectificando” las informaciones que habían aportado sobre las actividades de la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes.

Hay que decirlo con la mayor claridad: ni las rondas campesinas ni ninguna otra organización social tienen derecho a imponer su verdad y menos a forzar a nadie a difundir bajo amenaza una versión favorable al poder. Lo que se ha producido el miércoles en Cajamarca es un atentado flagrante contra la libertad de periodistas, así como el robo agravado de su material de trabajo. Debemos detener a tiempo la prepotencia de organizaciones, antes de que se conviertan en variantes locales de los comités de defensa de la revolución en Cuba o de los círculos bolivarianos en Venezuela. Al defender la libertad de prensa, lo que queremos garantizar es nuestra democracia y nuestro derecho a conocer la verdad.

Las cosas como son