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El transporte público es uno de los sectores en que nuestro país tiene los peores indicadores de América Latina. La brusca desregulación de los años noventa fue una consecuencia de la política de shock y del aumento súbito del desempleo. Pero entretanto hemos desaprovechado el tiempo para regresar a una regulación que garantice objetivos indiscutibles: la reducción de la elevada tasa de siniestralidad, el ahorro del precioso tiempo que perdemos en trayectos urbanos y la mejora en la calidad del aire que respiramos en las ciudades. Se diseñaron lineamientos para una reforma del transporte en la zona metropolitana de Lima y hasta se creó una Autoridad Autónoma, la ATU. Pero la cruda realidad es que apenas 12% de los 18 millones de trayectos diarios se realiza en unidades dignas de una ciudad moderna: el metropolitano, la línea 1 del metro y los buses de los corredores. El resto sigue estando regido por la ley del más fuerte. Peor aún, la huelga iniciada y concluida ayer evidencia el escaso interés del Estado por lo que es una de las columnas vertebrales de la vida en común. Uno se pregunta a qué dedicaba su tiempo el exministro Juan Silva, además, naturalmente, de conversar sobre sus intereses privados con Zamir Villaverde y otros aprovechadores de recursos públicos. Su sucesor, Juan Barranzuela, no parece estar muy enterado de los complejos vericuetos de los gremios, sus dirigentes y las condiciones del transporte: unidades vetustas, choferes que ganan al destajo, sin pagar licencias, multas ni seguros, en guerra contra sus colegas y contra los colores del semáforo. En Transportes como en otros sectores, se evidencia una realidad que salta a los ojos: los ministros que escoge Pedro Castillo suelen tener la misma falta de capacidad que él mismo.
Las cosas como son
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