Lo que los serenos no pueden hacer en las ciudades, podrá ser hecho por comités de autodefensa que se constituyan en los 92,000 centros poblados que existen en nuestro país. Como toda ley peligrosa, la 31492 desborda de buenas intenciones.

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La ley que define los nuevos perfiles de los Comités de Autodefensa es tan mala que parece inspirada y elaborada por congresistas de Perú Libre. Y sin embargo no, son algunos de los tenores de la oposición más radical los que exponen al país a la generalización del uso civil de armas. Lo que los serenos no pueden hacer en las ciudades, podrá ser hecho por comités de autodefensa que se constituyan en los 92,000 centros poblados que existen en nuestro país. Como toda ley peligrosa, la 31492 desborda de buenas intenciones. Pero la realidad es que marcha en el sentido contrario al esfuerzo que se ha hecho hasta ahora y el que hace en todos los países que salen de procesos graves de violencia política y terrorismo: desarmar a los civiles y reforzar a la policía. Los comités, como las rondas campesinas, jugaron un papel importante en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA. Y siguen teniendo un papel en el vasto territorio del VRAEM. Pero, ¿cuál es el sentido de abrir la posibilidad de que se generalicen hoy en todo el territorio nacional? El artículo 8 afirma claramente: “Los comités… pueden adquirir por compra o donación por parte del Estado o particulares, las armas de uso civil que el Ministerio de Defensa autoriza”. Ahora bien, ¿qué particulares pueden querer “donar” armas? ¿No serán organizaciones de fachada vinculadas a la minería ilegal, a la tala ilegal o directamente al narcotráfico? ¿Por qué el Estado tendría que “brindar defensa legal gratuita a los miembros de comités… que se vean involucrados en investigaciones y denuncias”? El ministro de Defensa ha afirmado que se presentará un recurso de inconstitucionalidad. Necesitamos también más prudencia cuando se trata de “donar” armas en un país cuya economía tiene demasiados sectores ilegales.

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